Columna invitada de Blanca Lilia Ibarra Cadena
La garantía plena y efectiva de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales ha permitido a muchas personas mejorar sus condiciones de vida. Esto no sólo se demuestra en historias que les permitieron acceder a su expediente clínico para obtener un segundo diagnóstico; u obtener el número de sus semanas cotizadas o fondos de ahorro para gozar de una pensión justa y digna; o para corregir su información en certificados de vacunación, identificaciones oficiales, entre otros documentos.
Historias como la de Luisa, una mujer que logró que sus documentos oficiales fueran acordes a su identidad de género; o Carmen, quien pudo conocer el número y nombre de la cuenta bancaria en la cual fue depositado el importe de su pensión por orfandad derivada del fallecimiento de su madre; o Ricardo, que accedió a las razones por las que no podía participar en un proyecto de digitalización y restauración de acervos fílmicos; o la de Luis, quien obtuvo una copia certificada de su cartilla militar, nos demuestran el impacto positivo que tiene el ejercicio de la protección de datos personales.
También la de Kenia, quien logró el reconocimiento de la paternidad para su hija, la patria potestad y una pensión alimenticia; de Francisco, quien mediante la garantía de ese derecho, obtuvo información para demostrar que la enfermedad de su hijo no tenía el origen que se afirmaba, y, así, obtuvo el reembolso por parte de la aseguradora de los gastos médicos erogados; de Guadalupe, quien obtuvo copias certificadas del acuerdo en el que se asentaba que sus hijos estaban en un centro de asistencia temporal, con las que pudo realizar los trámites necesarios para que los abuelos maternos obtuvieran la custodia, consiguiendo convivir nuevamente con ellos; son muestra del ejercicio del derecho de acceso a la información; su utilidad y aprovechamiento paa mejorar la vida de las personas.
Estos impactos tangibles y positivos del derecho a saber también se manifiestan en el ámbito colectivo, pues su ejercicio no sólo promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, sino que también ha mejorado las condiciones de vida en diversas comunidades. Por ejemplo, en regiones de Campeche y el Estado de México, donde se obtuvo acceso a agua potable y alumbrado público, respectivamente; en Tlaxcala, donde un grupo de mujeres recibieron una mochila aspersora manual para hacer que sus actividades en el campo sean más prácticas; en Veracruz, donde estudiantes recibieron las clases de inglés que les correspondían; o en Hidalgo, donde padres y madres de familia mejoraron la imagen de las instalaciones de una escuela primaria.
Por ello, el INAI y los organismos de transparencia de las entidades federativas, como garantes de estos derechos humanos, juegan un papel fundamental en la vida social y democrática. Como institución del Estado mexicano, estamos abiertos y dispuestos a atender todas las voces para optimizar nuestro trabajo, pues como ha sido desde nuestro origen, la sociedad es la razón y el motivo de nuestras actuaciones para contribuir mediante la garantía plena y efectiva de los derechos que tutelamos a cambiar vidas.
@bl_ibarra
