Máscaras escribe Jesús Olmos
Fue Procurador General de la República y embajador de México ante el Reino Unido con Felipe Calderón. También fue Embajador de México ante los Estados Unidos con Enrique Peña Nieto.
Fue director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y secretario de Seguridad Pública del país bajo la tutela de Vicente Fox Quezada.
Fue funcionario en la administración de Carlos Salinas de Gortari y también (y muy importante) fue miembro activo del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México.
Su nombre y su pasado trabajando en los que fueran los partidos hegemónicos hasta las elecciones del 2018 ha sido selectivamente borrado de las discusiones sobre la polémica Reforma al Poder Judicial, sobre todo del bando de quienes dicen ahora defender la independencia y la carrera judicial como máximas para la subsistencia del Estado.
Se trata de Eduardo Medina Mora, quien durante 4 años y 7 meses fungió como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta su dimisión en 2019, en medio de escándalos e irregularidades por sus exorbitantes cuentas bancarias.
Medina Mora llegó a la Corte designado por el Senado de la República con 83 votos y como parte de la terna enviada por el priista Peña Nieto para sustituir al fallecido ministro Sergio Valls.
En aquel momento, poco o nada se dijo de lo que representaba que un “espía”, otro “súperpolicía” del panismo y un soldado del grupo del poder accediera a la Máxima Magistratura de la Nación.
Pero Medina Mora no fue un simple funcionario cualquiera a su paso por la administración federal, su nombre quedó ligado a algunas de las historias más macabras que ocurrieron del año 2000 al 2015, cuando llegó a la Corte.
Por ejemplo, en 2006, participó en el operativo en el poblado de Atenco, donde ejidatarios se manifestaban en contra de la construcción el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y el saldo fue de dos activistas murieron y 26 mujeres víctimas de violaciones y abusos sexuales a manos de policías.
También estuvo involucrado en el michoacanazo de mayo del 2009. Un operativo federal en el que fueron detenidos 38 funcionarios, incluidos 11 alcaldes, 16 funcionarios, un juez y varios mandos policiales en varias localidades del estado de Michoacán, que no durarían en la cárcel ni un año.
A Medina Mora también se le reprochó la falta de voluntad para encarcelar a quienes fueron los responsables, ligados a la familia de la esposa de Felipe Calderón, en la tragedia de la Guardería ABC. Al mismo tiempo que se le acusó por dar protección al peñismo, ante los supuestos desvíos del erario estatal a las campañas del PRI encabezadas por César Duarte.
En aquel momento, nadie del Poder Judicial puso medianamente en duda su independencia ante su cercanía a diversos grupos de poder. Nadie marchó, nadie cerró calles, nadie se solidarizó con las víctimas de tantos atropellos, nadie hizo un paro y nadie aseguró que su llegada sometía al Poder Judicial al clientelismo político, porque nadie ha querido decir lo que había en esos tiempo y lo que existe hoy, tras el velo de la verdad.
@Olmosarcos_
