Piso 17 escribe Álvaro Ramírez Velasco
En 2006, cuando PRI y PAN se coludieron para operar juntos y robarle la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador, las huellas del fraude quedaron a la vista. A casi 20 años de distancia, bien vale la pena repasar algunas de las evidencias más claras, para entender cómo funciona la participación en las urnas y cómo, en aquel momento, se inhibió desde el gobierno federal.
Entre muchas trampas que los sistemas políticos realizan para evitar descalabros, los que se generan de la legítima decisión masiva de echar del poder a quienes están, una de las más eficientes es inhibir el voto ciudadano espontáneo.
Que la gente no acuda a las urnas, para que de ese modo la operación fraudulenta o el voto cooptado y corporativo pesen más.
Desde el año 2000 al 2018, la participación nacional en las urnas arroja un promedio de 62.4 por ciento. Para el estado y para el país es, coincidentemente, el mismo.
Sin embargo, en la revisión, el año 2006 registró una baja atípica de votos. Notable y muy subrayada.
Veamos: en 2000, cuando ganó Vicente Fox y se inauguró la etapa de alternancias en la Presidencia, la participación en las urnas fue de 64 por ciento.
Luego, vayamos al ejemplo de 2012, cuando acudió a las urnas 63.1 por ciento de los ciudadanos y ciudadanas inscritos en la Lista Nominal nacional.
En 2018, cuando la ola lopezobradorista permitió la llegada de Andrés Manuel a Palacio Nacional, el registro de participación nacional fue de 68.2 por ciento.
Ahora bien, regresemos a 2006, cuando el candidato de Acción Nacional (PAN), Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, supuestamente ganó la Presidencia con una diferencia, artificial eso sí, de 0.56 por ciento. Menos de un punto porcentual.
En verano de ese año, acudió a las urnas apenas 57.7 por ciento de los electores.
Esa baja participación, a pesar de ser una elección presidencial, concurrente con procesos locales en varios estados, no solamente es sospechosa, sino que es una de las pruebas irrefutables de la asociación del PRI, PAN y muchas autoridades electorales, para evitar que López Obrador fuera Presidente.
Por cierto, es desde entonces que se afianzó el llamado “prianismo”, que comenzó su amasiato político en 1998, cuando los partidos juntos aprobaron el cambio del Fobaproa por el IPAB y convirtieron deudas privadas de magnates en deudas públicas.
Pero volvamos a la aritmética. ¿Qué pasó de extraño ese 2 de julio de 2006? ¿Por qué se registró una anomalía tan notable en la participación de los y las ciudadanas?
El margen de reducción, con base en el promedio histórico, pero sobre todo con el pico de una alta participación, fue de 10.5 por ciento.
¿Por qué no votó más de 10 por ciento de los potenciales sufragantes en México?
Las hipótesis son muchas. La más lógica es que, de manera masiva, se recogieron credenciales en las zonas más afines al lopezobradorismo por todo el país, con una estrategia bien trazada y con algún pretexto desde el gobierno federal y los estatales, para evitar que votos que López Obrador iba a tener de manera natural, no llegaran a las urnas.
Pudieron comprarse esas credenciales, pedirse para algún “beneficio oficial” o decenas de posibilidades más. Lo cierto es que solamente se inhibió el voto lopezobradorista.
Al sistema de entonces, ese maridaje que prevalece del PRI y el PAN, no le convenía una alta participación. El resto es historia conocida.
Paradójicamente hoy, a lo que han llamado la Cuarta Transformación (4T) y a sus candidatos es a quienes más les conviene la participación, pues la base electoral que llevó a Andrés Manuel a la Presidencia, de más de 30 millones de personas, sigue intacta e incluso se ha incrementado.
Todo son matemáticas.
@Alvaro_Rmz_V
