La periodista Lydia Cacho informó que solo enfrentará una multa de 100 mil pesos
La periodista Lydia Cacho Ribeiro informó el sábado 10 de agosto sobre la inminente liberación del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, quien enfrenta un proceso penal por el delito de tortura.
A través de sus redes sociales, Cacho Ribeiro compartió que recibió la noticia directamente de la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez durante una audiencia.
"En este momento estamos en audiencia, y la Jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez nos ha comunicado que Mario Marín será liberado, ya que no amerita prisión preventiva por el delito de tortura y protección de redes de trata infantil", informó Cacho en su cuenta de X.
La periodista agregó que Marín Torres solo enfrentará una multa de 100 mil pesos y expresó su descontento: "Lo liberan justo cuando estábamos a la espera de una sentencia firme por tortura". Cacho mencionó que sus abogados están exigiendo al menos el uso de un brazalete electrónico para monitorear a Marín Torres de manera constante.
"La jueza dio un giro inesperado, desechando todo el esfuerzo de 15 años, incluyendo la colaboración de la Interpol, para proteger los derechos de los torturadores y violar los míos", criticó Cacho, dirigiéndose a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En 2005, durante su mandato como gobernador de Puebla, Marín Torres fue señalado en el libro "Los demonios del Edén" de Lydia Cacho, por presuntamente proteger a una red de pornografía infantil y a políticos y empresarios vinculados a este delito. Tras estas acusaciones, Cacho fue detenida en Quintana Roo bajo cargos de difamación y trasladada a Puebla, donde denunció torturas y amenazas durante su detención.
La situación se agravó en 2006 cuando se filtraron audios de una conversación entre Marín Torres y el empresario Kamel Nacif, en los que Nacif felicitaba a Marín por la detención de Cacho y su traslado a Puebla. Posteriormente, en 2006, un Tribunal Federal en Quintana Roo emitió una orden de aprehensión contra Marín Torres por tortura, aunque en 2007, la SCJN concedió una suspensión de dicha orden.
