El Senado modificó el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Datos de Naciones Unidas exhiben el creciente impacto del matrimonio infantil en el mundo, ya que al menos 12 millones de niñas se casan antes de cumplir los 18 años anualmente, mientras que en México esta práctica se realiza principalmente en zonas rurales, donde en 2020 se registraron más de 313 mil personas menores de edad en matrimonio o unión forzada de acuerdo a Save The Children.
Con la mirada en esta situación, el Senado modificó el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) a fin de asegurar el interés superior de la niñez indígena, ya que es en estas comunidades donde se visualiza una mayor frecuencia. El dictamen aprobado por unanimidad de 74 votos fue remitido a la Cámara de Diputados para su análisis.
En la presentación del proyecto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, el senador Rafael Espino de la Peña (Morena) destacó la importancia de garantizar los derechos humanos para la niñez indígena, además de rechazar que la reforma transgreda la autonomía de los pueblos, ya que a través de esta se reconoce la libre determinación de las personas.
El legislador denotó que el Observatorio de Justicia del Poder Judicial indica que 12 millones de niñas y adolescentes contraen matrimonio antes de los 18 años, lo cual impulsa normas de desiguales de género. Añadió que este factor es una agravante de la pobreza en este sector de la población que enfrentan circunstancias complejas.
Por su parte, la senadora Lilia Margarita Valdez (Morena) recordó el apoyo constante por parte su grupo parlamentario a la niñas, adolescentes y mujeres. Por lo que destacó la atención a este grupo etario para lograr su desarrollo, a través del respeto de sus derechos humanos.
La senadora Josefina Vázquez Mota (PAN) destacó los atropellos hacia los derechos de las niñas ya adolescentes al permitir estos matrimonios forzados y detalló la urgencia de determinarse sobre esta materia. Señaló que México ocupa uno de los primeros ocho lugares sobre este tema a nivel mundial, asunto que no es aislado y no se relaciona con usos y costumbres, pues es un abuso.
La senadora menciona la mirada patrimonialista con la que se comercia la vida de las niñas al comprometerlas en matrimonios forzados y puntualizó el reconocimiento de los niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos.
En su intervención, la senadora Gabriela Benavides Cobos (PVEM) se mostró a favor de fortalecer la legislación en la materia para para salvaguardar los derechos de este sector para evitar que los usos y costumbres se usen como pretexto de casamientos obligatorios. Destacó que las comunidades indígenas deberán respetar el interés superior de la niñez.
La legisladora hizo un balance sobre las normativas aprobadas durante la actual legislatura en la materia y se mostró convencida que esta iniciativa robustece al respeto de los derechos humanos.
La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre (PT) indico que Muchas personas son privadas de sus derechos, generando casos de vulnerabilidad. Resaltó que en diversos estados del sur del país hay prácticas que atentan contra mujeres, pues tan sólo en Guerrero 300 mil niñas son vendidas y obligadas a a quedar embarazadas y casarse con sus violadores.