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El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Gobernación transparentar en plataformas oficiales del Gobierno de México todo lo referente a las irregularidades en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) registradas entre 2019 y 2020.

Este día, en conferencia matutina, autoridades informaron avances sobre la investigación, la recuperación de montos y las denuncias contra implicados.

“Vamos a estar informando; todavía antes de irnos vamos a informar. Si no lo hacemos aquí, lo hace la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Fiscal y desde luego Segalmex para que esto quede totalmente aclarado porque dijimos: ‘cero corrupción, cero impunidad’ y no queremos dejar ningún pendiente. Nuestros adversarios están atentos a querer manchar, buscan manchar nuestro gobierno y tenemos que actuar de manera escrupulosa porque no somos iguales, ya no es el tiempo de la corrupción, eso se terminó. Ni corrupción ni impunidad”, subrayó el mandatario.

El secretario de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, explicó que diversas auditorías a las cuentas públicas 2019 y 2020 permitieron detectar actos de corrupción cometidos por personas servidoras públicas.

Los actos de fiscalización realizados por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación en Segalmex observaron indicios de posible daño patrimonial por 9 mil 500 millones de pesos, de modo que hubo una continua recopilación y presentación de documentos justificativos y comprobatorios del gasto que estaban dispersos en oficinas de todo el país.

De los 9 mil 500 millones de pesos, ya fueron aclarados y recuperados 4 mil 700 millones de pesos, es decir, cerca del 50 por ciento del total; 2 mil 100 millones, el 22 por ciento, están en proceso de análisis para su acreditación por parte de instancias fiscalizadoras y 2 mil 700 millones de pesos, el 28 por ciento, no fueron aclarados durante el proceso de fiscalización, por lo que se constituye esa cantidad como el monto de daño patrimonial al erario público.

En consecuencia, se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR). De igual forma, los expedientes fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para que imponga sanciones por tratarse de graves faltas administrativas.

Otro resultado de las investigaciones, expuso, fue la recuperación de 955 millones de pesos de recursos públicos que habían sido invertidos ilícitamente en bonos bursátiles; por este hecho también se presentaron denuncias penales.

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