Sin acceso a la información las autoridades continuarán actuando a ciegas, reclama
A través de un Punto de Acuerdo, la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Xitlalic Ceja García demandó al Gobierno Federal haga de conocimiento público la cantidad de feminicidios cometidos desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha, así como la publicación mensual, permanente y pormenorizada de los feminicidios cometidos en todo el territorio nacional.
“La Cámara De Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se haga de conocimiento público la cantidad de feminicidios cometidos desde el 1 de diciembre de 2018, así como informe mensualmente, permanente y pormenorizada los feminicidios cometidos en el país”, exhortó.
La también presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), solicitó a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se coordine con las dependencias correspondientes en las entidades federativas y municipios en los que se han declarado Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, para hacer público los resultados y avances actualizados en el seguimiento y atención de las observaciones, recomendaciones y circunstancias que dieron origen a dichas declaratorias.
Ceja García afirmó que la falta de cifras claras y detalladas sobre los feminicidios en México representa un obstáculo para enfrentar este problema de manera integral. La publicación mensual y pormenorizada de estos datos es una necesidad imperativa para la transparencia y rendición de cuentas. Sin estadísticas confiables y accesibles, dijo, es imposible evaluar el impacto de las políticas públicas existentes o diseñar acciones correctivas que respondan a la gravedad de la situación.
“El acceso a estas cifras debe convertirse en un compromiso prioritario del gobierno para garantizar que cada caso sea visibilizado y que las víctimas no queden relegadas al olvido, así como la revisión de la información actualizada del estatus en cuanto a los avances, eficiencia y seguimiento correspondiente de cada una de las declaratorias de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en las entidades federativas y los municipios involucrados, para la toma de decisiones y que se analice una posible reforma que ayude a solucionar la problemática”, exigió.
La congresista priista, recordó que la Secretaría de Gobernación por medio de la Conavim ha declarado 26 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 24 entidades federativas en las que se incluyen 643 municipios.
Sin embargo, remarcó, que a pesar de los esfuerzos realizados, a lo largo de los años no se ha logrado que las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres tengan el impacto esperado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres en México.
Resulta preocupante que, a pesar de que algunas declaratorias de alerta, en muchos de los casos, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios involucrados han limitado sus acciones a una mera simulación de esfuerzos en beneficio de las mujeres, siendo omisos con las recomendaciones emitidas por los grupos de trabajo y los grupos interinstitucionales y multidisciplinarios con perspectiva de género, encargados de dar seguimiento a las alertas.
Insistió que una de las principales carencias en la lucha contra el feminicidio en México radica en la recolección y manejo de datos.
“La inconsistencia en la información impide dimensionar la gravedad del problema, limitando la capacidad de los gobiernos para formular políticas públicas efectivas, actuaciones de la sociedad civil organizada, legisladores o cualquier otra persona que los requiera. Sin una base estadística sólida, cualquier iniciativa y acción de mejora corren el riesgo de quedarse en buenas intenciones”, comentó.
Ceja García puntualizó que, aspectos como la edad de las víctimas, el lugar donde ocurrieron los hechos, el tipo de violencia previa y las relaciones con los agresores son datos que con frecuencia no se registran de manera adecuada, lo que dificulta identificar patrones y contextos que podrían ser clave para implementar estrategias preventivas.
“No solo se deben unificar los criterios de clasificación en todo el país, sino también garantizar que la información se recopile de manera oportuna y con estándares claros. Además, es fundamental incluir variables relevantes, como las circunstancias del delito, antecedentes de violencia, intervención previa de las autoridades y perfiles tanto de las víctimas como de los agresores”.
Sin este diagnóstico integral, abundó, las autoridades continuarán actuando a ciegas, sin entender realmente las dinámicas que perpetúan estos crímenes. La falta de información es, en sí misma, una forma de negligencia institucional que condena a miles de mujeres a la violencia y la muerte.
“Es urgente que se asuma la responsabilidad de implementar mecanismos efectivos de recopilación y análisis de datos, con un enfoque en la transparencia y la rendición de cuentas. Solo entonces se podrá enfrentar el feminicidio como lo que es, una emergencia nacional que demanda respuestas inmediatas y contundentes”, demandó.
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