El Gobierno de Puebla deberá pagar a la empresa una indemnización por una obra que no se construyó
El Gobierno de Puebla deberá pagar por una obra no ejecutada a la empresa Melgarejo Construcción y Concesiones, por una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La ministra Lenia Batres Guadarrama, exhibió que en su sesión de esta semana, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la sentencia de un tribunal colegiado y ordenó dar trámite a un juicio de amparo promovido por una empresa constructora que reclama una indemnización multimillonaria el gobierno de Puebla por la modificación del título de concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del “libramiento poniente de la capital de dicha entidad”.
Se trata de un tramo carretero que no existe y que se proyectaba uniera a la autopista México-Puebla, con el Arco Norte y de ahí, con la autopista Siglo XXI.
“La empresa, Melgarejo Construcción y Concesiones, S.A. de C.V, obtuvo la adjudicación de la obra en marzo de 2009. Los términos del contrato incluían una inversión de más de 640 millones de pesos y los derechos para explotar la vía por 30 años.
Sin embargo, en junio de 2012 el Gobierno de Puebla anunció que retiraría esta concesión debido a la falta de avance en las obras.
La empresa solicitó al Gobierno de Puebla el pago de una indemnización y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del título de concesión, petición ante la cual no hubo reacción, por lo que promovió un juicio ante la Cuarta Sala Unitaria del
Tribunal de Justicia Administrativa local quien declaró la negativa ficta, es decir, que ante la falta de respuesta de la autoridad se debería dar la razón a la demandante.
“Entonces, el gobierno de Puebla promovió un amparo directo, el cual fue sobreseído en un colegiado, y el recurso de revisión que llegó hasta la SCJN”.
En su sesión del miércoles pasado, los ministros de la Segunda Sala desecharon por mayoría revisar este caso, dejando firme la sentencia en contra del gobierno estatal.
Votaron en contra la ministra Lenia Batres Guadarrama y el ministro Javier Laynez Potisek.
La ministra Batres advirtió que este tipo de interpretaciones de la ley favorecen a las empresas privadas impactando los intereses del erario, pues condenan al Gobierno estatal que deberá cubrir una indemnización por una obra que no se concluyó, además de pagar el "monto total de la inversión que realizó para el proyecto libramiento poniente de la ciudad de Puebla, más el rendimiento convenido en el título de concesión y los accesorios que por ley
correspondían”.
