Niega SSP vínculos con algún grupo delictivo o actividad criminal
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, el vicealmirante Francisco Sánchez González, rechazó los señalamientos difundidos por el grupo delictivo autodenominado “La Barredora”, que lo vinculan junto con mandos de la Marina, con presuntos actos de protección a huachigaseros. El funcionario sostuvo que se trata de acusaciones sin sustento que buscan desestabilizar a la autoridad.
“Somos incómodos porque no nos prestamos a cosas malas. Podrán hacerme todos los señalamientos que quieran y el día que quieran me puedo someter a la prueba que quieran; jamás en la vida he tenido que ver ni voy a tener nada que ver con esos grupos”, declaró.
Añadió que lo que ocurre es “una guerra mediática: ellos con sus videos y yo con mis operaciones”.
Sánchez González señaló que las acusaciones surgen en el contexto de las acciones emprendidas por la SSP en un corredor identificado por las autoridades como zona de incidencia delictiva: San Martín Texmelucan, Huejotzingo y Puebla capital. Indicó que en varios de esos municipios los directores de Seguridad Pública son marinos, lo que, dijo, explicaría los ataques en su contra y contra personal naval.
Y es que las declaraciones del vicealmirante se dan luego de que “La Barredora” difundiera un video en el que acusa a mandos marinos y al titular de la SSP de presuntamente recibir dinero para permitir operaciones ilícitas y alertar sobre operativos.
En paralelo, la madrugada de este día fue abandonado el cuerpo de un hombre frente a la presidencia municipal de San Martín Texmelucan. Posteriormente, un grupo que se identifica como “Operativa Barredora” difundió una grabación en la que la víctima, bajo aparente presión, se presenta como Jorge Salvador Palma López, alias “El Palma”, y realiza acusaciones contra autoridades estatales y mandos de seguridad en Texmelucan y Huejotzingo.
En el video se menciona por nombre al secretario Francisco Sánchez González, así como a responsables de seguridad en dichos municipios. Según el testimonio (cuya veracidad deberá ser determinada por la autoridad ministerial) se habrían realizado pagos en efectivo a cambio de permitir actividades delictivas y proporcionar información anticipada sobre operativos.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la autenticidad de las acusaciones vertidas en la grabación. La investigación continúa en curso.
