Después de los cambios constitucionales, siguiendo las normas jurídicas vendrá el aval de por lo menos el 50 por ciento de los Cabildos
El gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció a los diputados que avalaron la reforma constitucional que impactará en el Sistema de Justicia en Puebla, dijo que se crearán condiciones diferentes a la realidad que impera actualmente en la impartición de justicia.
El jefe del Poder Ejecutivo refirió que después de los cambios constitucionales, siguiendo las normas jurídicas vendrá el aval de por lo menos el 50 por ciento de los Cabildos y en 120 días máximo se tendrán que reformar leyes secundarias.
Barbosa Huerta hizo énfasis en la aplicación de las leyes y en la “transformación de la condición humana”, pues todos los servidores públicos deben acatar y seguir los nuevos ordenamientos legales, poniendo en el centro de atención a la ciudadanía.
“Agradezco a todos los diputados su respaldo, los felicito por haber acogido esta propuesta, haberla convertido en una reforma constitucional que tiene que caminar (…) va a crear condiciones absolutamente diferentes en la realidad que nos rodea en materia de justicia”, mencionó.
Con las reformas a la Constitución Política de Puebla se contemplan dos aspectos de relevancia: la jurisdiccional y la de gobierno, en la primera parte se impacta en la actividad del Tribunal Superior de Justicia, la Sala Constitucional, el Tribunal de Justicia Administrativa y en los Juzgados.
Por otra parte, el gobierno recaerá en el Consejo de la Judicatura, el cual, entre otras funciones, tendrá las de representación legal del Poder Judicial, rectoría de la carrera judicial, administración, vigilancia, evaluación del desempeño y disciplina, así como la coordinación del Instituto de Defensoría Pública y de la Escuela Estatal de Formación Judicial.
La Sala Constitucional conocerá, entre otras, de las acciones de inconstitucionalidad; de las acciones que promuevan integrantes de los Ayuntamientos en contra de normatividad municipal; de las controversias que se susciten entre poderes, ayuntamientos, municipios y órganos autónomos; de la acción de tutela; de acciones por omisión legislativa.
Con las modificaciones legales se establece que los Tribunales Superior de Justicia y de Justicia Administrativa, la Sala Constitucional y el Consejo de la Judicatura tendrán diferentes presidentes que no podrán ser reelectos más allá de su periodo de 4 años, lo que permite un balance, equilibrio y renovación institucional.
Además, las y los magistrados ya no serán vitalicios, sino que durarán en su cargo 15 años; obliga a los servidores públicos a presentar declaración pública de intereses respecto de vínculos con otros integrantes del Poder Judicial; a observar reglas de contacto para transparentar su actuación; a mantener una permanente actualización, entre otras.
Cabe mencionar que, por unanimidad de votos fue avalada la iniciativa que presentó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, lo que impactará en el combate a la corrupción y una mejor impartición de justicia.