Las y los diputados también presentaron Iniciativas y Puntos de Acuerdo en materia de procuración de justicia a favor de niñas, niños y adolescentes, e igualdad de género
En sesión pública ordinaria, la diputada Tonantzin Fernández Díaz presentó una Iniciativa para expedir la Ley para Impulsar la Autonomía Económica de Mujeres Jefas de Familia del Estado de Puebla, con la finalidad de atender a los grupos vulnerables y de mayor nivel de marginación económica, para lograr que los apoyos sean otorgados a este sector.
En su intervención, la legisladora señaló que al otorgar este tipo de apoyos a las Mujeres Jefas de Familia de la entidad, se les podrá brindar la oportunidad de darles la autonomía económica que les permita obtener mayores ingresos, y así poder tener mejores condiciones de vida para ellas y sus familias.
La Iniciativa fue enviada a las Comisiones Unidas de Bienestar e Igualdad de Género, para su estudio y dictaminación.
PRESENTAN INICIATIVAS EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA E IGUALDAD DE GÉNERO
Por otra parte, la diputada Daniela Mier Bañuelos presentó una Iniciativa que tiene el propósito de brindar mayores garantías, tanto a la víctima como al inculpado dentro de los procesos penales, en su etapa de integración de la carpeta de investigación, garantizando el acceso a la información.
Asimismo, en el caso de mujeres, niñas y adolescentes se propone que al momento que se presenten ante el Ministerio Público, este no impida ni obstaculice el acceso a la carpeta de investigación a los defensores de estos grupos vulnerables; en caso de hacerlo, se aumentará la pena con el objetivo de evitar encontrarse en condición de vulnerabilidad.
Para esto se propone reformar la fracción XXXVI del artículo 421 y el artículo 424 del Código Penal del Estado de Puebla.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su análisis y resolución correspondiente.
De igual manera, la diputada Daniela Mier Bañuelos presentó una iniciativa con la finalidad de que los niños, niñas y adolescentes tengan el derecho a ser escuchados cada vez que lo soliciten y asistidos por un especialista en materia familiar; en caso de no contar con uno el Estado deberá asignarle de oficio un defensor público especializado, así como cualquier otro especialista que permita interpretar debidamente las opiniones del menor, para asegurar la debida defensa del interés superior de la niñez.