El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, advirtió que la cancelación de la concesión otorgada a la empresa "Agua de Puebla para Todos y/o Concesiones Integrales" para la prestación del servicio de agua potable en la ciudad podría costar alrededor de ocho mil millones de pesos a las y los poblanos.
El futuro gobernador indicó que la concesión se encuentra bajo revisión para analizar el cumplimiento de las cláusulas contractuales y las inversiones que la empresa debía realizar para mejorar la red de distribución y garantizar el suministro de agua y adelantó que esperará a que la reforma al Poder Judicial se apruebe para revisar este tema.
Armenta Mier ha mantenido reuniones con el titular del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap), Gustavo Alcaraz Gaytán, y planea encontrarse con el director general de Agua de Puebla para Todos, Héctor Durán Díaz, para confrontar las cifras oficiales con las del análisis independiente que está llevando a cabo.
El gobernador electo ha subrayado que su prioridad es asegurar el suministro de agua potable para la población, y está explorando todas las alternativas posibles para cumplir con este objetivo, en consonancia con las directrices de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
El morenista mencionó también que revisará los contratos carreteros y al igual, será cuando el Poder Judicial se reforme ya que actualmente defiende al interés privado. Con ello, dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impuso al gobierno de Puebla la obligación de pagar cerca de 640 millones de pesos a una empresa constructora que reclamó la indemnización por una obra de hace tres sexenios.
Ante eso, el próximo mandatario expresó que esperará a que los jueces y ministros y todo el personal encargado de ejercer justicia en México, sea elegido por la ciudadanía como la marca la consolidación del Plan C.
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