Ecosistema digital escribe Carlos Miguel Ramos
La intención de crear marcos legales que sancionen el acoso en línea es justa y necesaria en una era donde las redes sociales pueden detonar violencia real. En Puebla, la ley de ciberasedio busca precisamente eso: castigar conductas repetidas de hostigamiento digital, con penas de hasta tres años de prisión. Sin embargo, esta noble intención se ve empañada por su aplicación y ambigüedad.
El principal problema no es la existencia de la ley, sino su forma. R3D y la CNDH, señalan la redacción imprecisa de la Ley que puede convertir un insulto ocasional o una crítica incómoda en un delito penal. Así, una voz incómoda podría ser silenciada bajo la sospecha de “ciberasedio” cuestionando el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
La reacción legislativa en forma de modificaciones es alentadora: el Congreso de Puebla propone excluir a servidores públicos de la protección de esta ley y afinar la redacción para evitar interpretaciones arbitrarias. Estos pasos responden a los llamados de la sociedad y reflejan que la norma puede corregirse antes de transformarse en un instrumento de censura.
Aún así, la brecha entre idea y ejecución es profunda. Una ley bien intencionada puede convertirse en herramienta para silenciar el disenso si no se establecen definiciones claras y no se fomentan controles judiciales firmes. Es responsabilidad del Legislativo, pero también de los medios, organizaciones civiles y la CNDH, mantener atención vigilante y exigir que la revisión trascienda el discurso y se refleje en un texto legal preciso y limitado.
Sin embargo, el debate en torno a la ley de ciberasedio no solo se inscribe en el campo jurídico, sino en el político. En un contexto donde la crítica ciudadana y periodística es cada vez más incisiva —y necesaria—, cualquier intento por regular la expresión digital debe leerse también como una señal de cómo el poder concibe la disidencia. La exclusión de los servidores públicos de esta ley, como se propone ahora, no es solo un ajuste técnico: es una declaración de principios. Significa reconocer que quienes ejercen poder están sujetos al escrutinio público y deben tolerar una mayor dosis de crítica, incluso cuando esta sea dura o poco amable.
Además, esta discusión abre una oportunidad para replantear cómo abordamos el acoso digital en México. Más allá de leyes punitivas, el problema requiere medidas educativas, preventivas y de alfabetización digital. Si bien penalizar ciertas conductas puede ser parte de la solución, sin una cultura de respeto en línea y sin plataformas comprometidas con la moderación, las leyes serán solo paliativos. Puebla puede —y debe— avanzar hacia un enfoque más integral que combine protección legal eficaz, promoción de la libertad de expresión y una ciudadanía digital crítica, informada y empática. Porque en el fondo, se trata no solo de lo que se dice en redes, sino de cómo decidimos convivir en los espacios públicos digitales que hoy habitamos.
En ese sentido, la revisión de la ley de ciberasedio debe convertirse en un ejercicio de madurez legislativa y democrática. No basta con suavizar el texto para calmar las críticas momentáneas; es necesario construir una norma con precisión técnica, fundamento constitucional y visión de derechos humanos. La tentación de legislar desde el escándalo o el temor debe sustituirse por un compromiso real con la defensa de las libertades y la protección de quienes sí sufren violencia digital auténtica. La sociedad no necesita leyes que castiguen la opinión incómoda, sino marcos legales que garanticen el respeto, sin sofocar el disenso.
@cm_ramoslinares
