Entre ruidos y señales escribe Ricardo Martínez Martínez
Esta vez, un panorama típico del sur del país asaltó la cotidianeidad ajetreada de la Ciudad de México. Esta vez, sin embargo, el pulso tiene una particularidad. No se trataba solo de cerrar carreteras o colapsar oficinas públicas. La CNTE, en el marco de un paro nacional indefinido, anunció la toma de gasolineras y bloqueos coordinados a infraestructuras estratégicas.
La mira no estaba únicamente en la Secretaría de Educación Pública, sino en el corazón logístico del país, con un claro objetivo: boicotear la inédita elección judicial del 1 de junio.
En estados como Chiapas, Michoacán y Guerrero, la escena es bastante común y se repite año con año. No es casualidad: la CNTE conoce el reloj político. Sus irrupciones no son improvisadas, sino estratégicamente sincronizadas con momentos clave del calendario electoral. Aprovechan la visibilidad y la presión institucional para empujar su agenda —una habilidad política tan afinada como la de cualquier actor formal.
El combustible, como antaño, se volvió moneda de presión. Pero el escenario ha cambiado: por primera vez se votan jueces y magistrados por elección popular, y la legitimidad del nuevo orden jurídico está en juego. Esta coyuntura revela algo subyacente a la misma protesta gremial: la disputa por territorios de poder y fuentes de seguridad nacional.
Y es que el desabasto de gasolina en regiones del sur no solo afecta a los partidos en campaña o a los gobiernos en turno. Impacta a las pequeñas empresas, paraliza traslados médicos y arrincona a quienes viven al día. El acto de tomar una bomba de combustible no es inocuo: es un disparo certero contra la arteria logística de los territorios.
Pero ¿qué pasaría si en lugar del combustible fuera la energía eléctrica?
Hoy, la red eléctrica nacional sigue dependiendo de una infraestructura centralizada y fósil, vulnerable, como si aún viviéramos en la era de los monopolios energéticos. En muchas partes del país, seguimos dependiendo de una lógica vertical que ignora el poder de lo comunitario.
Sin embargo, las llamadas “microrredes inteligentes” o sistemas energéticos distribuidos, ya no son ciencia ficción. Son el futuro inevitable de la seguridad nacional y la resiliencia local.
El ejército de EE.UU, por ejemplo, lo entendió hace más de una década cuando lanzó el proyecto SPIDERS: tecnología para garantizar autonomía energética ante un posible apagón masivo. ¿Y México?
Hoy que los bloqueos vuelven a paralizar territorios, vale preguntar: ¿dónde están las empresas capaces de sostener lo esencial sin depender del centro? ¿Dónde están los gobiernos locales con visión energética propia?
Los municipios del país, ese primer contacto de gobierno del ciudadano —tan golpeados por el conflicto magisterial, la pobreza estructural y el abandono estatal— podrían ser también los primeros en construir un modelo de gobernanza energética distribuida, donde la energía limpia, el capital social y la empresa local configuren un nuevo pacto de autonomía.
Los conflictos magisteriales son cíclicos y anuales, no cambian. Pero el territorio es el mismo. Entonces, urge dejar de improvisar desde la coyuntura y empezar a planear desde el suelo.
Desde abajo. Con dignidad, con energía y con un modelo que ya no dependa de que una bomba de gasolina funcione o no.
Estamos, ante un asunto de seguridad nacional, queramos o no.
@ricardommz07
