Parabólica.MX escribe Fernando Maldonado
Los operativos desplegados por las fuerzas federales en Tepeaca el 14 de febrero y en Santa Rita Tlahuapan, este martes 4 de marzo para asegurar pipas y combustible robado por bandas de huachicoleros no solo desnuda la capacidad operativa de los grupos criminales, sino la obvia colusión de las autoridades locales.
La historia no es nueva, pero no deja de subrayar una condición que México arrastra desde hace décadas y que no pocas veces termina por hacer florecer agrupaciones delictivas en franca expansión, con influencia en esferas de poder, mayor capacidad logística y de fuego.
Entre ambos municipios la Armada Marina de México, Guardia Nacional y Ejército Mexicano aseguraron 26 pipas que eran utilizadas para el trasiego de gas u otro hidrocarburo con fines de comercialización, difíciles de disimular en las locales en donde se realizaron los operativos.
El presidente municipal de Tepeaca, Alfredo Velázquez Romero y de Santa Rita Tlahuapan, Rosiceli Díaz, debieron tener al menos indicios de la actividad ilegal que desplegaban los cabecillas detrás de los grupos delictivos que movían en el marcado negro mercancía por casi medio millón de pesos al día, tomando en cuenta el costo por litro del gas para uso doméstico.
Es probable que a la semana, por 26 carrotanques para el traslado del gas robado de los hidrocarburos de la languideciente paraestatal Pemex, hayan arrojado utilidades por un poco mas de 13 millones de pesos al día que no pudieron haber sido guardados íntegros en cisternas, guarda ropa o baúles.
El monto permite recompensas para todos los involucrados, desde los cabecillas, los “topos” que escarban en las parcelas por donde corren los ductos, los mandos de las policías municipales que voltean la mirada en otra dirección mientras se efectúa la ordeña y, finalmente, el funcionario de mayor rango en los municipios en donde suelen instalarse.
La hipótesis de la corrupción existente en los gobiernos locales se robustece a partir de hechos tangibles: la secrecía con la que las fuerzas federales han actuado en ambos municipios revela la desconfianza que existe pues el riesgo de fuga de información que alerte a los grupos delictivos es latente.
La capacidad de operación de este tipo de agrupaciones no admite límite y es ahí en donde surge la mayor paradoja. En Tepeaca fueron 12 pipas incautadas con remanentes de hidrocarburo robado; en Tlahuapan, 14 para dar ese total: 26 carrotanques para ser utilizados en una verdadera industria criminal.
Cada una de las pipas que fueron aseguradas en ambos operativos tiene un costo en el mercado regular de alrededor de 1 millón de pesos que habrá que multiplicar por el número de vehículos asegurados en ambos operativos. No solo dejó de ser una modesta actividad criminal, sino que por mucho, debió ser catalogada como un grupo de delincuencia organizada a partir de lo evidente.
Con esa numeralia se puede plantear una duda razonable: ¿de verdad las autoridades municipales ignoraban la existencia de una empresa de gran calado que comerció combustible robado por meses a través de una flotilla de pipas que cualquier empresa gasera legalmente constituida hubiese deseado?
Si lo sabían fueron cómplices, pero si lo ignoraban habrá que subrayar que la omisión en la función pública está tipificada. No olvidar que ambos, como el resto de las autoridades en funciones, protestaron cumplir y hacer cumplir la ley.
@FerMaldonadoMX
