Parabolica.Mx escribe Fernando Maldonado
Diane Elisa, Idania y Ricardo son tres jóvenes de una misma familia, estudiantes en distintos grados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que han visto interrumpidos estudios y procesos académicos desde que hace casi tres semanas estalló el paro de actividades en la Facultad de Medicina y que luego se extendió al resto de las unidades académicas.
Así se lo hicieron saber al Poder Judicial Federal en un recurso de amparo para la suspensión de los actos reclamados que consisten en la falta de actividades a causa de un movimiento que ahora se sabe, está contaminado por la ominosa presencia de Antorcha Campesina, la carátula de reanimación que ha permitido tener riqueza a la familia Córdova Morán bajo la coartada de la defensa de los pobres.
Pruebas de la presencia de esa organización de inspiración maoísta, la publicación recurrente de comunicados y desmentidos en la cuenta de Instagram del propio movimiento universitario paro_buap2025_oficial, como el deslinde del antorchismo dirigido “a la opinión pública poblana y nacional” que aún se puede observar en la plataforma parista.
Los actos reclamados en el documento al que el columnista tuvo acceso consisten en la omisión y/o negativa a reanudar las clases tanto de las preparatorias como de las facultades (…) que impiden continuar mis estudios en la unidad académica (preparatoria) 2 de Octubre.
También la omisión y/o negativa en reanudar actividades administrativas en el Departamento de Titulación adscrito a la Dirección de Administración Escolar; lo que impide al suscrito continuar con el proceso de titulación de la carrera en derecho, así como el impedimento para obtener documentos de pasantía.
Además de invocar principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también recoge fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la educación y a demandar un recurso “sencillo y rápido o cualquiera otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que (…) ampare contra actos que violen los derechos fundamentales”.
El recurso presentado apenas el lunes 11 de marzo sienta un precedente porque evidencia que en medio del diferendo entre el gobierno central de la BUAP y un grupo de estudiantes universitarios, existe un segmento que ve afectados sus legítimos derechos a continuar con las actividades académicas y administrativas, como lo manifiestan los firmantes del documento en el que se añaden nombres y apellidos, domicilios y números de matrículas escolares.
En todo caso se trata de un grupo de estudiantes sobre quienes nadie podrá reflector alguno ni megáfono para hacerse notar en medio de las acusaciones cruzadas y los llamados inocuos a no politizar el conflicto, como lo hizo la víspera el líder priista en el estado, Néstor Camarillo.
Ir a la instancia federal para exponer atropellos a los derechos legítimos que como estudiantes poseen no es menor porque terminará por hacer más obvio que las manos ajenas en el conflicto colocó a estos alumnos de la universidad y sus preparatorias en una condición de vulnerabilidad.
