Parabolica.MX escribe Fernando Maldonado
Quién iba a decir que un estudiante de último grado de la carrera de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de nombre Ricardo Torres Saldaña pondría en manos de la Rectoría y del gobierno del estado la llave para abrir la puerta que conduce a la finalización del paro de actividades.
El lunes 11 de marzo Ricardo Torres Saldaña acudió al Poder Judicial Federal para conseguir un amparo de la justicia que le permitiera continuar con el proceso de titulación, interrumpido como ha sucedido desde que estalló el conflicto en la Facultad de Medicina en la última semana del mes de febrero que dio como resultado la caída del director de esa unidad académica.
No solo él invocó a la justicia federal para poder continuar con el trámite correspondiente, sino también dos jovencitas menores de edad que responden a los nombres de Idania y Diane Elisa con números de matrícula 217935936, 20231507 y de quien por razones obvias se mantiene en el anonimato sus apellidos.
El recurso de amparo le fue admitido al estudiante de Derecho a casi tres semanas de haber estallado el conflicto bajo un criterio del Alto Tribunal que descansa en el más elemental de las interpretaciones, respecto de la llamada autonomía universitaria que despoja a ese principio de haber sido una virtual ínsula de poder ajena a toda obligación frente a la comunidad universitaria.
Según esto: La autonomía universitaria constituye una garantía institucional del derecho a la educación superior, por lo que no puede ser utilizada para restringirlo”, interpretó el Poder Judicial que encontró fundamento en la tesis XI. 1º A.T.42 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación.
La admisión del recurso de amparo alentó a un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla para andar los pasos del estudiante de Derecho que está por conseguir un logro que parecía difícil de invocar ese principio que tutela, además, el derecho humano a la educación, para andar los pasos del estudiante de Derecho que está por conseguir un logro en la materia que parecía difícil de invocar.
Se trata un amparo colectivo para establecer, frente a la Rectoría de la BUAP y al gobierno de Puebla, que la capacidad de respuesta en Casa Aguayo está literalmente al alcance de la mano si se encuentran canales correctos en momentos en que parecía existir solo una postura política que apuesta por un paro de actividades la indefinido.
Y sucede justo unas horas después de que la rectora Lilia Cedillo Ramírez recibió a las puertas de Ciudad Universitaria el pliego general de peticiones que la comunidad estudiantil entregó para su análisis.
La determinación del Poder Judicial Federal de dar entrada a la petición de la protección de las garantías individuales en el caso de los estudiantes universitarios deberá cambiar la narrativa de los grupos confrontados porque en medio, existe otro conjunto de universitarios dispuestos a hacer lo necesario para recuperar la normalidad en tiempos convulsos.
