Parabolica.MX escribe Fernando Maldonado
Solo con el paso de las próximas semanas se podrá dilucidar el verdadero talante del gobierno del estado cuando decidió impulsar una ley como la que pretende regular la conducta y contenidos en la esfera digital, un ámbito difícil de desentrañar por la diversidad coexistente.
La redacción de esa iniciativa, entregada al Legislativo que aguardó seis meses en la congeladora para luego ser revivida de súbito ha sido vista con sospecha y suspicacia por especialistas y se han llamado a alarma verdaderos violentadores que perviven en el ecosistema digital.
No hace falta más que observar este fin de semana algunas de las cuentas de redes sociales cuyo perfil impreciso ampara desde el anonimato para generar comentarios de corte clasista, xenofóbico y cargado de estereotipos para confirmar que están lejos de obedecer a cogidos y el rigor con el que un periodista está obligado a conducirse.
Y es entendible porque en el ADN del aparato político, sin distingo de partido o coalición, la incomodidad es latente ante cuestionamientos fundados o no, y desde cualquiera de las plataformas que se escojan.
Así que ejemplos de esa tentación arbitraria e intolerante respecto de contenidos diversos han abundado en el pasado, pero también en el presente; el clima de linchamiento desde el poder en el presente y, aunque evidente, no es nuevo sino al contrario.
Primero fue la radio y la televisión o el cine; pero luego siguieron a través de panfletos anónimos repartidos en la vía pública. Las campañas negras, como la materia, suele no ser creada ni destruida, sino transformada y esa visión en retrospectiva es la que ha estado ausente para entender el momento que se viva.
Por ello, es pertinente subrayar que será en un plazo perentorio cuando se tenga claridad sobre la llamada ley que establece pena corporal de tres años en prisión a quien se encuentre culpable de incumplir la tipicidad prevista, según el criterio del Poder Judicial.
En honor a la verdad y a la luz de lo que se observa en el paisaje público en Puebla, es difícil prever cárcel para quien desde el periodismo haga una crítica al régimen en turno. Y es ahí en donde se puede explicar el más reciente posicionamiento gubernamental para la realización de foros, antes de dar vida a la nueva Ley publicada en el órgano oficial del gobierno.
El único periodista en activo llevado a juicio y juzgado culpable del delito de extorsión es de suyo conocido, aun así, recibió el beneficio de enfrentar el proceso en prisión domiciliaria y luego llevado de nuevo a la cárcel en el penal de San Pedro Cholula, Arturo Rueda Sánchez de la Vega. No ha habido otro.
En abono del espíritu de la ley publicada en el Periódico Oficial del Estado y sin el apasionamiento que anima, existe un conjunto de usuarios de redes sociales escondidos detrás del anonimato que rebasan claramente todo tipo de límite para una convivencia relativamente profesional.
No se puede desear que sea un periodista en activo, sin importar la línea editorial la que siga, sea el primero en enfrentar esta nueva condición punitiva porque pondría al gobierno de Alejandro Armenta en una muy cuestionable posición, sobre todo tratándose de una gestión que es acompañada de un partido que, a codazos, bloqueos y periodicazos ganó la empatía con el electorado.
@FerMaldonadoMX
