Se desarrolló la audiencia por detención ilegal de periodistas
El Centro de Justicia Penal Federal en Puebla fue escenario este miércoles de una audiencia crucial en el juicio en contra de Irene Olea Torres, exalcaldesa de Izúcar de Matamoros por el partido MORENA después de presuntamente ordenar la detención ilegal de periodistas y activistas en el marco del 8M.
Tras 27 meses de evadir la justicia federal, Olea Torres compareció finalmente ante un juez federal este miércoles a la 1:30pm, enfrentando acusaciones graves que incluyen intimidación, falsificación de documentos oficiales y ordenamiento de agresiones contra periodistas y activistas.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó incluir investigación del asesinato de la testigo protegió Maria del Socorro Barrera, así también anexar resultados del cateo realizado a la comandancia de la policía municipal izucarense.
Durante la audiencia, que se extendió por casi cuatro horas, la periodista Michelle Hoyos López, una de las víctimas, ofreció declaraciones sobre el proceso.
"Se presentaron 49 pruebas, incluidas alteraciones documentales, testimonios clave y evidencias encontradas en operativos pasados", señaló Hoyos López.
En la audiencia, también destacó el papel valiente de testigos protegidos como María de Socorro Barrera, quien enfrentó intimidaciones y amenazas durante el mandato de Olea Torres.
El juez otorgó a la defensa de la exalcaldesa un plazo máximo hasta el próximo lunes para presentar pruebas en su favor. Mientras tanto, se dictaron medidas cautelares para proteger a las víctimas y testigos, quienes denunciaron posibles riesgos a su integridad.
Este proceso representa un paso importante en la búsqueda de justicia para las periodistas Michelle y Natalie Hoyos López, así como para el colectivo Marea Púrpura, víctimas de detenciones arbitrarias y presuntos ataques sexuales durante la gestión de Olea. "Exigimos que se siga investigando y que se haga justicia", concluyó Michelle Hoyos.
La próxima sesión, programada para el lunes a las 3 de la tarde, definirá si Irene Olea Torres será vinculada a proceso, marcando un hito en un caso emblemático de derechos humanos en Puebla.
