Una resolución oficial argentina utiliza términos como "idiotas", "imbéciles" y "débiles mentales" para referirse a personas con discapacidad.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), dependiente del Ministerio de Salud del gobierno de Javier Milei, desató una fuerte controversia tras la publicación de la Resolución 187/2025 en el Boletín Oficial. El documento, que establece criterios médicos para evaluar la invalidez laboral, utiliza términos como "idiotas", "imbéciles" y "débiles mentales" para referirse a personas con discapacidad.
La resolución, difundida masivamente el jueves, generó indignación en diversas organizaciones de derechos humanos y de personas con discapacidad.
En su anexo, bajo el apartado "Retardos Mentales", se categoriza a las personas con discapacidad en diferentes grados, especificando que solo aquellas con "debilidad mental profunda o mayor" pueden acceder a una pensión no contributiva, según lo estipulado en el Decreto 843/2024.
Siete organizaciones, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron el 3 de febrero un reclamo administrativo exigiendo la derogación de la norma.
Según denunciaron, la resolución atenta contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado con jerarquía constitucional en Argentina (Ley 27.044).
Agostina Quiroz, abogada del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ, afirmó que el lenguaje empleado "reproduce y refuerza prejuicios históricos", contribuyendo a la discriminación.
Resulta particularmente problemático que sea el Estado quien recurra a estos discursos, dado que es justamente quien debe combatirlos", sostuvo.
Por su parte, un comunicado de ACIJ del 7 de febrero enfatizó que "no hay personas 'inválidas' para trabajar, sino que todas pueden hacerlo si se les proporcionan los apoyos adecuados". Asimismo, destacaron que la evaluación de la discapacidad debe realizarse bajo un modelo social y no meramente médico.
Quiroz advirtió que el uso de estos términos tiene "impactos concretos en la construcción de identidad de las personas con discapacidad", además de reforzar estereotipos que dificultan la inclusión social.
"El hecho de que la Administración Pública continúe usando estos términos genera graves daños a las personas con discapacidad, sus familias y a la sociedad en su conjunto", concluyó.
Las organizaciones continúan exigiendo la inmediata revisión y derogación de la Resolución 187/2025 para garantizar el respeto y la inclusión de las personas con discapacidad en Argentina.
