Autoriza Gobierno de Guatemala formularle nuevas imputaciones
La Fiscalía General de la República puso en la mira al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Lo anterior, debido a que la institución solicitó y recibió autorización del gobierno de Guatemala para a formularle nuevas imputaciones en su contra por presuntos desvíos millonarios de recursos federales.
Duarte sería el siguiente ex mandatario priista bajo la lupa federal, en esta nueva etapa de la FGR bajo el mando de Ernestina Godoy.
A casi una década de haber dejado el gobierno de Veracruz y a solo meses de buscar su salida anticipada del Reclusorio Norte, se indaga el destino de partidas que estaban destinadas al sector salud durante su administración (2010–2016), pero que se esfumaron.
La decisión marca un punto de inflexión en uno de los expedientes de corrupción más grandes documentados en México y abre la puerta para que Duarte enfrente los primeros cargos federales por peculado, una figura distinta a los delitos que motivaron su extradición hace ocho años.
Tras recibir la autorización de Guatelama la Fiscalía presentó ante un juez federal del Reclusorio Norte la primera acusación por peculado, relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de partidas federales etiquetadas para acciones de salud.
Existen cerca de cien carpetas de investigación abiertas por los malos manejos de recursos federales en Veracruz durante su sexenio y con denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación, la antigua Secretaría de la Función Pública, el Órgano Superior de Fiscalización de Veracruz y diversos particulares y dependencias gubernamentales.
La administración de Duarte ostenta un récord negativo: más de 62 mil millones de pesos de fondos federales mal manejados, de acuerdo con las observaciones acumuladas por la Auditoría Superior de la Federación. Ninguna otra entidad federativa ni caso de corrupción a nivel nacional —incluidos Segalmex, “Estafa Maestra”, Odebrecht, Conade y Conacyt— alcanza esa cifra.
Estos mecanismos habrían sido aprovechados para: Redirigir recursos etiquetados hacia programas no permitidos, simular transacciones mediante “empresas fantasma”, realizar pagos por bienes y servicios no autorizados o extraer cantidades de dinero en efectivo para entregarlas directamente al exgobernador, según testimonios ministeriales.
