Parabolica.MX escribe Fernando Maldonado
En dos diferentes acciones el Gobierno de Puebla habrá obtenido economías por un poco más de 3 mil 200 millones de pesos. El monto de ese dinero deriva de la negociación que se podría concretar con dos diferentes grupos empresariales que en dos diferentes momentos tuvieron oportunidad de generar utilidades propias, con dinero público.
Quizá porque uno de esos dos expedientes significaba ser el más oneroso para las finanzas públicas, fue el que se concretó con quienes poseían la deuda del gobierno de Puebla desde que se ideó la construcción del Museo Internacional del Barroco, en la gestión del panista Rafael Moreno Valle.
En lugar de pagar 4 mil 600 millones de pesos, serán 2 mil millones dijo el gobernador Alejandro Armenta, y según su cálculo, serán finiquitados en esta administración. La negociación con quien ostentaba la deuda producto del auge del mecanismo de asociación público-privada (PPS) permitirá destinar recursos para políticas públicas de mayor impacto social.
Solía contar el periodista Enrique Montero Ponce, fallecido el 4 de enero de 2020, un pasaje que bien podría lustrar una negociación análoga, pero con personajes diferentes. El ex gobernador Mariano Piña Olaya en el periodo 1987-1993 había privilegiado a un grupo empresarial ligado al clan Salinas con el desarrollo y trazo de la reserva territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóactl, en donde ahora se levanta el imponente desarrollo habitacional y servicios: Angelópolis.
Vino Manuel Bartlett Díaz que gobernó entre 1993 y 1999 y revirtió en buena medida lo que ya estaba otorgado no sin antes llamar a cada uno de los privilegiados a una reunión en la vieja casona de avenida Reforma. No hubo uno solo que opusiera resistencia frente al estilo particular de negociación de ese gobernador de línea dura. La historia ya es harto conocida.
El otro data del periodo de gobierno del priista Mario Marín, pero estalló igualmente con el panismo en el poder, entre 2011 y 2017: la cancelación de una obra por la que, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobierno de Alejandro Armenta debería pagar a Construcciones y Concesiones Melgarejo SA de CV 640 millones de pesos.
En este último, el mandatario poblano ya había anticipado su apuesta desde el 14 de enero en Cuautlancingo: “Prefiero que me metan a la cárcel” antes de pagar el monto de esa cifra a manera de compensación según lo había determinado al alto tribunal luego de un largo litigio transexenal.
Cuando la mañana de lunes ofreció su conferencia de prensa en el municipio de Amozoc volvió al tema porque “mi pecho no es bodega” sobre la cancelación de una concesión a 30 años para Construcciones y Concesiones Melgarejo del Libramiento Sur-Poniente, presuntamente entregada sin un proceso licitatorio, según informó la Secretaría de Infraestructura en 2012, a cargo de Antonio Gali Fayad.
Tendió la mano Armenta a la empresa aquella, abrió la puerta para continuar haciendo obra en Puebla y sugirió, sutil, poseer información de la existencia de sobornos en el Poder Judicial para obtener ese fallo favorable.
La empresa Construcciones y Concesiones Melgarejo tiene dos rutas a partir de hoy: entrar a un esquema de negociación como ya sucedió con quienes poseían los títulos de deuda por la obra del Museo Internacional del Barrón o seguir el camino de la confrontación jurídica en un contexto anticlimático con un Poder Judicial en proceso de reinvención.
@FerMaldonadoMX
