Buscan la dirigencia que dejó vacante el senador Néstor Camarillo al irse a MC
Con el respaldo de la base nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezada por Alejandro Moreno “Alito”, la diputada federal con licencia Xitlalic Ceja García asumirá la presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Puebla, acompañada por Lorenzo Rivera Nava como secretario general, para el periodo 2025–2029, en medio de cuestionamientos y señalamientos legales que rodean a este último.
Después de oficializar su registraron como fórmula única para encabezar al tricolor en la entidad, luego de que la diputada local Delfina Pozos, quien se perfilaba como posible contendiente y actualmente funge como secretaria general del partido, no acudiera al proceso de inscripción y ante la ausencia de otra planilla, el PRI estatal determinó el nombramiento de facto de ambos dirigentes.
Con ello, Xitlalic Ceja consolidó su llegada a la dirigencia estatal con el aval del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en una transición interna alineada con la línea política marcada desde la dirigencia nacional. Durante su mensaje, la próxima presidenta del PRI en Puebla afirmó que su gestión se enfocará en reorganizar y fortalecer la estructura partidista, priorizando la unidad interna, el trabajo territorial y la cercanía con la militancia para reposicionar al partido en un escenario político estatal adverso.
No obstante, este proceso ocurrió en un contexto de polémica, particularmente por la situación legal que enfrenta Lorenzo Rivera Nava pues un día antes del registro, trascendió entre medios locales la reactivación de una orden de aprehensión en su contra, relacionada con hechos ocurridos durante su gestión como alcalde de Chignahuapan.
De acuerdo con información judicial, el Juez de Control de Zacatlán reactivó el expediente CJA:89/2022/ZACATLÁN, que incluye una orden de aprehensión contra Rivera Nava y su exmando policial, José Manuel Flores Ordóñez. Las investigaciones se centran en la presunta protección a grupos dedicados al robo de combustible (huachicol) y en la contratación y permanencia de un director de Seguridad Pública con supuestos antecedentes delictivos y presuntos vínculos con el crimen organizado.
Rivera Nava ha rechazado públicamente las acusaciones y ha asegurado que se trata de una “campaña de desprestigio” derivada de sus aspiraciones políticas. Sin embargo, la controversia ha tenido impacto dentro del propio PRI, pues reportes recientes indican que el CEN habría retirado su respaldo político al ahora secretario general, debido a los señalamientos legales y a su supuesta cercanía con fuerzas políticas externas.
