Hizo el gobernador un llamado al Poder Judicial para que actúe con apego estricto a la ley
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, afirmó que su único interés es que se haga justicia en los casos de feminicidio y violencia contra las mujeres, en particular el de la activista Cecilia Monzón y el de Mayca Álvarez, la joven que perdió la vida tras ser atropellada en la zona de Angelópolis.
Ante medios de comunicación, el mandatario señaló que mantiene comunicación con la familia de Cecilia Monzón y que ya tuvo acercamiento con su hermana, la abogada Helena Monzón, para expresarle su solidaridad. Precisó que, aunque no es competencia directa del Poder Ejecutivo, hizo un llamado al Poder Judicial para que actúe con apego estricto a la ley y garantice justicia en este y en todos los casos.
“Mi único interés es que se haga justicia para Mayca y para todas las mujeres que son víctimas de violencia”, expresó Armenta, al subrayar que esta postura debe replicarse sin excepción. Añadió que su gobierno mantiene una política de defensa de los derechos de las mujeres, reflejada en la creación de las Casas Carmen Serdán y en la disminución de casi 41 por ciento en los feminicidios, resultado de un trabajo colectivo.
En ese sentido, el gobernador rechazó señalamientos que buscan vincularlo con el exfuncionario Javier López Zavala, acusado del feminicidio de Cecilia Monzón, al afirmar que “quienes mañosamente quieren endosar una vieja relación con un acto irregular se están equivocando”.
Calificó esas versiones como “una perversidad” y sostuvo que no existe interés alguno distinto a que se aplique la ley con el mismo rigor para todos.
Es importante indicar que este martes 23 de diciembre, es una fecha clave en el caso de Cecilia Monzón. El Tribunal de Enjuiciamiento programó la audiencia de sentencia contra Javier López Zavala por el delito de feminicidio, de acuerdo con lo informado en redes sociales por Helena Monzón, quien ha documentado el proceso y denunciado dilaciones judiciales. Familiares y colectivos esperan un fallo histórico y han solicitado penas de hasta 60 años de prisión para los acusados.
Armenta reiteró que, aun cuando no es fiscal ni le corresponde intervenir en los procesos judiciales, ha buscado al Poder Judicial para pedir la aplicación estricta de la ley. “Si hubiera un familiar mío involucrado, que se aplique el mismo rigor que a cualquier persona”, concluyó.
