Frente de Batalla escribe Alejandro Armenta
Que necesario es hacer una revisión de las políticas e indicadores que giran en torno a la seguridad de los ciudadanos; si bien es cierto, que la seguridad es un tema complejo, que va mucho más allá de asuntos relacionados con delitos o delincuencia, debemos ver el problema desde una perspectiva multifactorial, con contrastes que generan percepción de descontrol y miedo.
De acuerdo con la radiografía numérica del INEGI, ENVIPE Y LA SNSP, el estado de Puebla mostraba en el primer semestre del 2023, una incidencia delictiva en materia del fuero común, superior a los 7 mil delitos, de los cuales, el 64 por ciento son de índole patrimonial, de estos, el 90 por ciento no se denunció en gran medida por causas atribuibles a la autoridad.
También se encontró que, la población tiene una percepción alta de inseguridad en espacios públicos como: cajeros automáticos, transporte público, bancos, carreteras, parques públicos y centros o plazas comerciales; y en menor proporción en escuelas y casa o trabajo.
Otro indicador nos revela que los poblanos, por temor o inseguridad dejó de realizar actividades personales como dar permiso a sus hijos para salir, usar joyas, salir de noche, ir al estadio o teatro o llevar tarjetas de crédito; también esto nos dio como indicador que los poblanos manifestaron tener desconfianza en autoridades como: la policía estatal, la policía municipal, jueces, agentes del ministerio público y agentes de la policía judicial o investigadores.
El Organismo de las Naciones Unidas marca como estándar 1.8 policías por cada mil habitantes, para tener o considerar un óptimo proceso de operatividad; sin embargo, el Estado de Puebla apenas obtuvo un .06 por ciento de policías por cada mil habitantes, que en la tabla nacional lo llevan a situarse en el lugar número 21, con un esquema de operaciones mínimo en tareas de investigación y cercanía con la población y coordinación con los ciudadanos y en los tres órdenes de gobierno.
En este análisis, se no se puede perder de vista la percepción, la operatividad y los índices delictivos como variables que influyen en la problemática de la inseguridad pública, y que a su vez nos permiten identificar fortalezas para definir retos y objetivos conforme a las cifras observadas.
También, tener en cuenta la dignificación de los cuerpos de seguridad, considerando un incremento en la inversión en esta materia, además de la profesionalización de los elementos con estrategias de prevención de la comisión de delitos, contando con mejor infraestructura y tecnología para ejercer sus actividades en beneficio de los ciudadanos.
El diagnóstico en la materia, obliga a las entidades gubernamentales a enfocar las baterías en el desarrollo de políticas públicas, encaminadas a la atención de temas como la educación, el bienestar, la economía, y la demanda social, cuyo análisis proporcione herramientas adecuadas para avanzar a un ambiente que nos muestre estabilidad e inyecte confianza en la población.
@armentapuebla_
