parabolica.mx escribe Fernando Maldonado
La propuesta para elegir a través del voto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de Nación, así como a los integrantes del Poder judicial Federal, encierra riesgos mayúsculos que parecen deliberadamente ignorados por quienes comulgan con esa ocurrencia.
Ignorantes o mal intencionados, sumisos o perversos, quienes asumen que el remedio a los males que significa tener en sus cargos a los integrantes del aparato judicial es someterlos al veredicto de las urnas será aún mas pernicioso para el aparato de impartición de justicia.
En esa misma lógica están el coordinador de los diputados federales de Morena y el presidente del Senado, ambos aspirantes a la candidatura al Gobierno del estado, Ignacio Mier y Alejandro Armenta.
Desde sus respectivas posiciones legislativas y tribunas mediáticas han insistido en que se debe terminar con los privilegios que supone pertenecer a ese aparato y que sólo llevarlos al voto popular es el remedio, posturas que son congruentes con la línea discursiva trazada desde Palacio Nacional.
Nadie en su sano juicio podría estar en desacuerdo en terminar con ese sistema de privilegios ilegítimos que la mayoría de jueces y ministros ha acumulado hasta convertirse en una casta divina, intocable y prepotente.
No sólo por el dinero que se mueve en torno de casos judiciales de gran calado, sino por la cadena de favores que se suelen hacer desde oficinas en las que se imparte justicia, penal, familiar o de cualquier otra rama del derecho.
Un secreto se llevó a la tumba el gobernador Miguel Barbosa de cómo y de a cuánto fue el cañonazo de dinero que recibieron integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando en una maratónica sesión en diciembre de 2018, decidieron arrebatarle un triunfo evidente en las urnas.
Un día esbozó un capítulo de esa historia en su mañanera en Casa Aguayo, pero el tiempo ya no se lo permitió. Los involucrados, obra del destino, no están ya entre nosotros porque la vida se les terminó.
Otro caso que fue altamente mediatizado fue la maratónica sesión de la Suprema Corte cuando decidió en 2007 anular los agravios cometidos por el gobernador de la época, Mario Marín Torres contra Lydia Cacho.
Un manto de sospecha empañó los veredictos en ambos casos, pues en el primero de ellos había evidencia abundante sobre la violencia deliberada en la jornada electoral del primer domingo julio y en el segundo, fue obvio que todo el aparato se movió para absolver al último gobernador priista que tuvo el estado de Puebla.
Los jueces de consigna existen aún, no obstante empeños por terminar con ese tipo de prácticas mientras otros, magistrados o jueces inundan las salas de parientes, esposas o amantes en abiertos desafíos a las normas vigentes. No puede mantenerse un estado de cosas como el que priva en ese entorno.
Pero tampoco se puede ir al extremo de los casos de Honduras o Venezuela en los que el populismo ya ha andado el camino con un resultado peor: que el narco imponga a funcionarios judiciales a modo para obtener fallos favorables.
Mier y Armenta debieran estudiar esos dos modelos antes de repetir sin razonamiento, como autómatas de la 4T todo lo que se dice desde la mañanera, el púlpito del presidente.
@FerMaldonadoMX
