Piso 17 escribe Álvaro Ramírez Velasco
Con la misión prácticamente imposible de llevar a buen puerto el Plan B de la Reforma Electoral del Presidente de la República, los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados, en las dos cámaras del Congreso de la Unión, se alistan a comenzar el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LXV Legislatura, que irá del 1 de febrero al 30 de abril.
La tarea es complicadísima y lo peor es que no hay talento legislativo, sobre todo en la Cámara de Diputados, para conseguir el éxito.
Tras el naufragio de la apuesta de la reforma constitución, para la que los grupos lopezobradoristas en el Palacio Legislativo de San Lázaro requerían solamente 57 votos, no quedó otra a Palacio Nacional que enviar un paquete de reformas a siete leyes secundarias.
Con desaseo en la técnica y en el proceso parlamentario, fueron aprobadas de madrugada del 7 de diciembre.
Errores de sintaxis, de ortografía y de técnica jurídica acompañaron el precoz aval de las bancadas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).
El Senado de la República luego aprobó el paquete a medias y cuatro de las siete leyes que se prevé modificar están pendientes y serán abordadas en la primera semana de este periodo.
Entre muchas otras cosas, desde la visión morenista se pretende bajar el costo de la democracia y erradicar el fraude. Dos utopías que la izquierda arrastra en su pensamiento más anquilosado, aunque no por eso ha dejado de ser una aspiración legítima.
La realidad es que los cambios a estas leyes, en muchos sentidos, fortalecen a régimen actual, que cuenta con una base social sólida, nutrida y fiel, y debilitan la posibilidad de la alternancia en el corto plazo.
Aunque tampoco se trata de desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), como con simplicidad quiso hacer parecer la oposición, sino de expulsar al grupo de interés que ha dirigido el instituto desde hace por lo menos dos décadas.
De cualquier modo, aun si el Senado avala este paquete de iniciativas que envío Palacio Nacional y luego en la Cámara Baja tienen éxito los cabildeos del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el verdadero líder parlamentario de la mayoría, lo más probable es que, por inconstitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anule esas reformas.
Tampoco hay mucho tiempo para que, incluso aprobadas las reformas, se logre con éxito su implementación para el Proceso Electoral Federal 2023-2024, que está emplazado para comenzar en septiembre próximo.
Andrés Manuel López Obrador se juega su última apuesta parlamentaria del sexenio.
Luego de este periodo será muy complicado convocar a un extraordinario y en el próximo, que comienza el 1 de septiembre, los acuerdos parlamentarios estarán contaminados por la efervescencia previa al calor electoral de 2024.
Visto así, el 30 de abril prácticamente se da cerrojazo a la LXVI Legislatura y, con ello, el trabajo parlamentario de este gobierno.
El saldo tiene muchos déficits. Nos quedaron a deber, en materia legislativa, en el régimen que ofreció ser transformador.
@Alvaro_Rmz_V
