Rúbrica por Aurelio Contreras Moreno
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha perdido el piso completamente y cree que puede hacer absolutamente cualquier cosa que le plazca, sabiéndose impune gracias a la protección que le da el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como si eso fuese a ser eterno y el poder no se les acabara nunca.
La grotesca violación del Estado de Derecho que se sufre en Veracruz ha llegado a extremos demenciales. La detención por segunda ocasión de la jueza Angélica Sánchez el viernes pasado así lo demuestra.
Bajo argumentos pueriles, violando flagrantemente el debido proceso, inventando delitos, se vive una suerte de terrorismo judicial del que nadie está a salvo en Veracruz y que lanza un mensaje amenazador y autoritario: el o la que sigue puede ser cualquiera que se oponga o critique las arbitrariedades de un régimen que se endurece cada vez más, en la víspera del inicio de un proceso sucesorio que, contrario a su verborrea triunfalista, los tiene muy nerviosos, casi en estado de pánico, lo que los vuelve aún más peligrosos.
El proceso contra la jueza Sánchez Hernández es un compendio de ilegalidades que tarde que temprano se les revertirán a sus perpetradores, que no son otros que la fiscal Verónica Hernández Giadáns, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado Lisbeth Aurelia Jiménez y el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
A Angélica Sánchez se le ha incomunicado por horas en sus dos detenciones; en ambas, fue apresada por autoridades a las que no les correspondía hacerlo –policías estatales y elementos de la Guardia Nacional, respectivamente-; la primera vez la torturaron psicológicamente, la obligaron a percutir un arma de fuego y le sembraron droga; y en la segunda, se pasaron por el “arco del triunfo” un amparo porque, por sus “tompiates”, porque la Fiscalía dice, la suspensión provisional otorgada a la juez “no tiene alcances sobre la orden de aprehensión que fue ejecutada, ya que la misma fue emitida con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por lo que solo la protege contra órdenes de aprehensión emitidas previamente”. Y todavía la acusan de “darse a la fuga” por asistir públicamente a un acto al Senado de la República, donde fue incluso reconocida por los legisladores. Inaudito.
No son menores los alcances de este quebranto flagrante de la mínima certeza jurídica. Los jueces locales ya se la saben: cualquiera que se “atreva” a aplicar la ley en contra de los intereses del gobierno de Cuitláhuac García correrá la misma suerte de Angélica Sánchez, lo cual deja en la completa indefensión a todos los ciudadanos del estado de Veracruz, que estamos en riesgo de ser las siguientes víctimas de una caterva gangsteril, de costumbres pandilleras, embriagada por las mieles del poder.
Las amenazas no son únicamente para los impartidores de justicia, para los activistas y para los opositores políticos. También para los periodistas.
Este domingo se difundió que la columnista Claudia Guerrero fue citada a declarar por la Fiscalía General del Estado el próximo martes por la mañana en calidad de “investigada”, lo cual es claramente una intimidación que, conociendo cómo se las gastan en la actual administración estatal, podría llevar incluso a la detención de la periodista, que ha sido especialmente crítica del gobierno y la persona de Cuitláhuac García.
Más allá de si se coincide o no con Claudia Guerrero, el hecho de que se intente amedrentarla y hasta buscar detenerla por ejercer el periodismo lleva el autoritarismo de Cuitláhuac García a otro nivel: el de persecutor y violentador de la libertad de expresión y de prensa. Si se atreve con una, después se le hará fácil con cualquiera.
Con su desmesura desquiciada, Cuitláhuac García se acerca aceleradamente al nivel de un vulgar tiranozuelo, que lucha denodadamente por convertirse en el peor gobernador de la historia de Veracruz.
¿Qué sigue después de maniatar y amordazar a sus críticos? ¿Que los mate? Solo eso le anda faltando.
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