La cifra irá en aumento por el envejecimiento poblacional y aumento de enfermedades degenerativas
El diputado federal Mario Riestra Piña presentó una iniciativa de reforma para garantizar que las personas con discapacidad que acudan a instalaciones del sistema financiero reciban un trato digno y adecuado, cuenten con las instalaciones que garanticen su acceso e incluso se obligue a las instituciones financieras a contar con personal capacitado en Lengua de Señas Mexicana.
El legislador, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), propuso adicionar seis artículos a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para mejorar tanto la atención como el acceso a este sector de la población a los servicios y herramientas financieras.
En la exposición de motivos, el panista, representante del Distrito 12 de Puebla, puntualizó que en el país el número de personas con discapacidad va en aumento como causa del envejecimiento poblacional, así como por el incremento de enfermedades crónico-degenerativas.
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda de 2020, detalló, en México hay 7 millones 168 mil 178 personas con discapacidad.
De éstas, 5 millones 577 mil 595 (78%) tienen únicamente discapacidad; 723 mil 770 (10%) tienen algún problema o condición mental; 602 mil 295 (8%) tiene además de algún problema o condición mental una discapacidad, y 264 mil 518 (4%) reportan tener algún problema o condición mental y una limitación.
“Por ello, esta iniciativa tiene como uno de sus objetivos incluir, por ejemplo, productos específicos como lo son sistemas electrónicos para lenguaje escrito, oral, simplificación de texto en sistema Braille, Lengua de Señas Mexicana, dispositivos multimedia, ayuda técnica y humana que puedan facilitar el acceso a dichos servicios, que en su mayoría suelen ser un tanto complejos.
“No hay que perder de vista que la inclusión a servicios financieros resulta ser una herramienta importante para la promoción de la inclusión social. El acceso a estos servicios permite mejorar además su situación económica, el bienestar de todos, pero en especial de aquellos grupos desatendidos”, apuntó Riestra Piña.
Entre las adiciones que presentó el congresista es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, garantice la accesibilidad obligatoria en instalaciones del sistema financiero, permitiendo el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.
Será además la encargada de supervisar que las entidades del sistema financiero brinden sus servicios de forma universal, oportuna y efectiva a todas las personas con discapacidad sin discriminación, y deberá elaborar e instrumentar el Programa Nacional de servicios financieros y bancarios para las personas con discapacidad.
Podrá también expedir certificaciones por prácticas de trato igualitario e incluyente a las entidades financieras que ofrezcan mayores posibilidades de inclusión a las personas con discapacidad.
