La JUFED asegura que la reforma al artículo 28 vulnera los principios de independencia al invadir la autonomía de gestión presupuestaria de la Judicatura Federal
Magistrados y juzgadores federales analizan la posibilidad de presentar un amparo en contra del decreto aprobado en la víspera en la Cámara de Diputados, con el que se obliga al Poder Judicial de la Federación (PJF) a cubrir los costos de sus servicios postales.
Los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (JUFED) consideraron, en un comunicado, que la medida viola derechos constitucionales y convencionales.
Esta Asociación… desde ahora valora la posibilidad de promover una demanda de amparo contra el Decreto aprobado el día de ayer por la Cámara de Diputados y enviado a la de Senadores, mediante el cual se reforman y adicionan los artículos 28 y 243 de la Ley de Amparo, que obligan al PJF a pagar los servicios públicos de correos y telégrafos, al Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) y Financiera para el Bienestar (FINABIEN), por la publicación de las notificaciones oficiales en los juicios de garantías; lo anterior, al ser evidente la violación a derechos constitucionales y convencionales”, se indicó en un comunicado.
La JUFED explicó que la reforma al artículo 28 vulnera los principios de independencia y autonomía judicial, al invadir la autonomía de gestión presupuestaria de la Judicatura Federal.
Al imponer un gasto público que no está previsto como tal en el Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal de 2024; con ello, paralelamente se ejerce presión económica al ámbito de la independencia judicial y sus operadores jurisdiccionales”, consideró la asociación.
En relación a la reforma al artículo 243, la agrupación de juzgadores federales, argumentó que se violan los derechos al debido proceso y a la administración de justicia pronta y expedita, protegidos por los artículos 14 y 17 constitucionales.
Al permitir a dichas autoridades de la administración pública descentralizada evitar las notificaciones a las partes en los juicios de amparo, sin responsabilidad económica oficial alguna, lo cual redunda directamente en perjuicio de las partes procesales”, explicó la JUFED, en un documento firmado por su presidente, el magistrado Froylán Muñoz Alvarado.
