Empresa de EU contaba con tres concesiones mineras en la Zona Económica Exclusiva de México, con vigencia de 50 años.
Tras el laudo arbitral contra el Gobierno de México, que lo condena a pagar 37.1 millones de dólares a Odyssey Marine Exploration por negar permisos ambientales, la Secretaría de Economía (SE), canceló las concesiones que la firma estadunidense tenía para desarrollar el proyecto de minería submarina "Don Diego", en la región del Golfo de Ulloa, en Baja California Sur.
La empresa con sede en Tampa, Florida, famosa por el rescate de tesoros en barcos hundidos, solicitó en abril de 2019 un arbitraje internacional bajo el capítulo 11 del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al considerar que no hubo piso parejo, ni un trato justo y equitativo para sus inversionistas, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), negó en dos ocasiones la autorización de impacto ambiental para el dragado de fosfato, que es la materia prima para fabricar fertilizantes (2016 y 2018).
Odyssey Marine Exploration, contaba con tres concesiones mineras en la Zona Económica Exclusiva de México, con vigencia de 50 años, con opción de extensión por otros 50 años, para explotar un área total de 114 mil 775 hectáreas de lecho marino, ubicadas a una distancia de entre 20 y 45 kilómetros frente a la costa de Baja California Sur, a una profundidad de hasta 90 metros.
De acuerdo con datos de la Coordinación General de Minería de la SE, la Concesión Principal para el proyecto "Don Diego", estaba vigente desde 2012 con número 244813, la Concesión Norte otorgada en 2014 tenía el número 242994 y la Concesión Sur también de 2014 era identificada con el número 242995.
En el reporte anual a sus accionistas fechado el pasado 31 de marzo, Odyssey Marine Exploration, reveló que sus concesiones mineras que estaban a nombre de su filial Exploraciones Oceánicas (ExO), fueron canceladas "ilegalmente" por el gobierno de nuestro país, en junio y agosto de 2024.
En el informe, la empresa estadounidense también dio a conocer que el 12 de diciembre de 2024, el Gobierno de México interpuso una solicitud ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario, Canadá, pidiendo la anulación del laudo arbitral, emitido a mediados de septiembre del año pasado, por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
