Se cubrirán 2 mil millones para saldar la deuda heradadadel morenovallismo
El coordinador de gabinete estatal, José Luis García Parra, informó que el Gobierno del Estado de Puebla pagará 2 mil millones de pesos para lograr la cancelación anticipada del contrato de Asociación Público-Privada (APP) del Museo Internacional del Barroco.
En rueda de prensa mañanera, García Parra explicó que conforme a la instrucción del gobernador Alejandro Armenta Mier, se optó por recurrir a una terminación anticipada, por la cual, esta figura jurídica se va tomar por un monto de 2 mil millones de pesos con el cual, la deuda adquirida por esta obra, se hará un nuevo acuerdo con la empresa que tiene el título de concesión.
"Vamos a ahorrarle al estado miles miles y millones de pesos. Este es un mensaje muy claro para las futuras generaciones. No solo es un ahorro para este gobierno, quiere decir que los siguientes gobiernos y las siguientes administraciones no van a tener estos recursos comprometidos y van a poder destinar recursos y proyectos prioritarios que se necesitan en Puebla", expuso García Parra.
Y es que el funcionario detalló que desde 2016 hasta el mes de mayo pasado, el estado pagó 3 mil 974 millones de pesos, asimismo dijo que con esta proyección, de junio hasta el fin del contrato en 2039, se tenía estimado que se pagarían otros 10 mil millones de pesos adicionales.
Finalmente, adelantó que el próximo lunes 23 de junio, el gobernador Alejandro Armenta encabezará un evento donde anunciará oficialmente los detalles sobre el fin de esta deuda histórica para el Estado "a partir de ese momento Puebla será el propietario del Museo Internacional del Barroco, por fin será de todas y todos los poblanos", aseguró.
Este pago permitirá al estado concluir de manera definitiva el compromiso financiero adquirido durante la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle, cuando se firmó el contrato bajo el esquema de APP, el cual tenía una vigencia a largo plazo y representaba una carga económica significativa para las finanzas públicas.
De acuerdo con García Parra, con esta decisión se busca liberar recursos estatales para destinarlos a otros proyectos prioritarios y evitar que se siga pagando un contrato oneroso para el estado.
