Parabólica.MX escribe Fernando Maldonado
El caso de Miguel Ángel Celis, alias “El Animal”, dejó de ser un proceso penal ordinario. Hoy es un manual de cómo intentar torcer la justicia cuando no se tienen argumentos.
Su estrategia es clara y peligrosa: politizar, desestabilizar, coaccionar y comprar tiempo con influencias.
No se defiende con pruebas.
Se mueve con dinero, relaciones y favores.
En lugar de enfrentar el expediente en tribunales, su entorno ha optado por fabricar conflictos sociales, sembrar miedo entre trabajadores, involucrar actores políticos y generar la percepción de persecución donde en realidad hay un proceso judicial derivado de sus propios actos.
Porque conviene decirlo con todas sus letras:
Miguel Ángel Celis no está recluido por capricho de un juez ni por consigna política. Está privado de la libertad por decisiones judiciales sustentadas en denuncias y datos de prueba.
La narrativa de persecución es solo una cortina de humo.
Lo verdaderamente alarmante es que, aun desde la cárcel, se intente operar una red de presión e influencia.
La defensa no se limita a abogados. Se rodea de personajes que presumen moverse en “las altas esferas”, donde —según su propio discurso— los asuntos no se resuelven con expedientes, sino con llamadas, dinero y compromisos.
Entre ellos un abogado jarocho, proveniente de las cloacas del deleznable Javier Duarte y del clan Yunes, con una trayectoria marcada por la trampa, la coacción y la corrupción disfrazada de litigio. A su lado operan dos ex funcionarios de la Fiscalía de Puebla, expulsados del servicio público: uno proveniente del grupo importado del Estado de México, señalado por fabricar carpetas como herramienta de corrupción; y otro heredado de viejas administraciones poblanas, identificado por mantener tentáculos dentro de la Fiscalía para torcer expedientes a conveniencia. No representan a la justicia: representan a lo peor del pasado que se niega a morir.
No son perfiles técnicos. Son operadores.
Y eso es lo que inquieta: que un imputado se rodee de figuras asociadas a prácticas de tráfico de influencias y venta de favores judiciales.
A esto se suma un factor todavía más grave: los privilegios dentro del penal.
Existen reportes persistentes de que “El Animal” goza de condiciones fuera de lo común:
visitas constantes, acceso irrestricto a recursos económicos, comunicación permanente con su exterior y un entorno que le permite seguir operando como si no estuviera privado de la libertad.
La cárcel convertida en centro de operaciones.
Eso no solo es injusto. Es peligroso.
Cuando un interno mantiene poder económico, redes de influencia y abogados que se mueven en la lógica del favor y no del derecho, el riesgo ya no es personal: es institucional.
La justicia comienza a parecer negociable.
Otro elemento preocupante es el intento deliberado de involucrar al Gobierno del Estado en un asunto que no le corresponde. Se ha querido presentar el caso como conflicto político, cuando se trata de un proceso entre particulares ventilado en tribunales.
Arrastrar al Ejecutivo estatal a un pleito penal es una maniobra irresponsable que busca presionar desde afuera lo que no se puede ganar adentro.
Eso no es defensa jurídica. Es chantaje político.
La fórmula se repite:
si no hay pruebas, se fabrica escándalo; si no hay argumentos, se busca padrinazgo;
si no hay inocencia, se compra tiempo.
El problema es que en el camino se ponen en riesgo trabajadores, empresas, instituciones y la confianza pública en la justicia.
Cuando un acusado convierte su defensa en una operación de presión social, política y económica, deja de ser un litigio y se vuelve un intento de secuestro del sistema.
Y eso no puede normalizarse. La ley no se negocia en pasillos.
La justicia no se compra con relaciones. La cárcel no es oficina de negocios.
Si se permite que un imputado conserve privilegios, opere redes de influencia y utilice figuras con historial cuestionado para torcer procesos, el mensaje es devastador: que la ley es flexible para quien tiene dinero y contactos.
Ese es el verdadero peligro del caso “El Animal”.
No solo lo que hizo antes de entrar a prisión, sino lo que intenta seguir haciendo desde dentro.
Porque cuando la defensa se convierte en operación política, la justicia queda sitiada.
Y un sistema sitiado es un sistema en riesgo.
@FerMaldonadoMX
