Parabólica.MX escribe Fernando Maldonado
Comenzaron las campañas para elegir a los integrantes del Tribunal Judicial Federal, entre ellos a nueve de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un mayoritario porcentaje de la ciudadanía en posibilidades de ejercer su derecho al voto ignoró el arranque de este proceso electivo, ciertamente inédito en México.
No solo por la falta de una campaña institucional adecuada para promover la participación ciudadana, sino por las condiciones mismas impuestas para quienes decidieron inscribirse en el proceso, aún a costa de haber manifestado el desacuerdo por el impulso decidido por el grupo en el poder por cambiar de fondo la forma de aplicación de la justicia en el país.
Aunque las campañas comenzaron este domingo 30 y culminarán el 28 de mayo, tres días antes de la fecha prevista para la recepción de los votos ciudadanos, no se podrá promover en medios de comunicación quien desee estar en alguno de los cargos en juego. Las reglas y candados hacen parecer como si quien ideó los filtros tuviese la intención manifiesta de esconder a los perfiles en contienda.
No se podrá contratar espacios en radio y televisión; tampoco se podrá pautar algún contenido en redes sociales o cualquier otro medio de comunicación; tampoco se podrá contratar a empresas o personas para hacer o difundir encuestas y tampoco se deberán ofrecer regalos, beneficios de ninguna forma y desde luego se tiene por prohibido hacer campaña o publicar encuestas o sondeos de opinión tres días antes del 1 de junio.
Son 881 cargos en disputa. Son 64 aspirantes a ocular uno de los nueve asientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de entre 15 postulantes se deberán elegir a dos integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 38 más buscan alguno de los cinco asientos del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial; 96 más buscarán llegar a los 15 cargos de magistrado en las salas regionales del máximo circuito en material electoral; en los tribunales colegiados existen 464 asientos por los que mil 640 personas compiten; y mil 570 personas más buscan ocupar alguno de los 386 lugares.
Aunque el Instituto Nacional Electoral tiene disponibles dos micrositios para que quien se interese conozca a detalles los perfiles que contienden, las reglas dispuestas y los cargos en juego, el grueso de la población ha ocupado la atención mayoritariamente en las descalificaciones de quienes se oponen al proceso y el grupo que lo impulsa.
Algunos de los especialistas que compiten por alguna de las responsabilidades en disputa han sido abiertos detractores, lo que echa por tierra que solo están en la contienda afines a Morena o la 4T y de manera reiterada han dicho que era peor no hacer nada para tratar de influir en el resultado final.
Un reporte de la empresa de consultoría Integralia (https://integralia.com.mx/web/conocenos/) que preside Juan Carlos Ugalde, ex presidente del Consejo general del INE establece con precisión los desafíos a los que se enfrentan organizadores, competidores y ciudadanos interesados en decidir por cada uno de los cargos en disputa.
“A diferencia de los distritos electorales federales (utilizados para elegir diputaciones federales), los distritos judiciales se determinaron por el número de materias o especialidades de cada circuito judicial, sin tomar en cuenta el tamaño de la población local (…) la adscripción geográfica de una persona juzgadora no determina que sus juicios se resuelvan únicamente en el circuito o distrito judicial por el que será electo, lo que rompe con el principio de representatividad”, dice el documento.
El proceso que comenzó este domingo será un avance de la ruta que tomará Puebla en 2027, para cuándo estará en juego la renovación del Poder Judicial local, según establece la reforma constitucional enviada por el gobernador Alejandro Armenta al Congreso local, que correrá en paralelo a la renovación de los 217 ayuntamientos y el Congreso local.
@FerMaldonadoMX
