Parabólica.MX escribe Fernando Maldonado
El nuevo Poder Judicial de Puebla está a punto de enfrentar una de sus pruebas más decisivas: un caso que trasciende lo familiar y lo económico, para poner a prueba la solidez institucional de quienes imparten justicia.
La detención de Miguel Ángel Celis Romero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 8 de octubre, acusado de delitos graves con relación a al menos tres de las empresas más exitosas de Tehuacán, sienta un precedente por el monto en disputa: 600 millones de dólares.
El aparato de justicia poblano, bajo escrutinio por la riqueza en disputa que la equipara a la que vive la familia Jenkins, por el control de los recursos de la fundación que posee bienes como la propia Universidad de las Américas Puebla.
El conflicto que durante años se enmarcó en disputas empresariales y familiares hoy adquiere una dimensión penal: Miguel Ángel Celis Romero, conocido como “El Animal”, enfrenta cargos por extorsión agravada, abuso de confianza y desfalco corporativo en agravio de su sobrino Alfonso Celis Enecoiz, legítimo heredero y socio de la empresa.
El testamento que fue desconocido por una facción de la familia, en la que se encuentra la presidenta de Morena en el estado, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, permite tener una dimensión del asunto con el que se encontró el Poder Judicial.
La detención del personaje a cargo de la Interpol, confirmada por el Registro Nacional de Detenciones, marcó un punto de inflexión en una saga donde el dinero y las influencias ya no bastaron para evadir la ley.
La investigación muestra un patrón de intimidación y manipulación que va más allá de los conflictos patrimoniales: se trata de un esquema de extorsión sistemática en el que Miguel Ángel utilizó amenazas, presión psicológica y control de recursos para someter a socios y empleados.
Su conducta evidenció la arrogancia de quien creyó que la impunidad sería eterna. Hoy, su propio entorno familiar lo ha abandonado: se sabe que ni su esposa ni sus hijos lo han visitado desde su detención, confirmando el aislamiento de quien abusó del poder hasta el límite.
La situación no es sólo legal, sino moral. El caso pone bajo el microscopio al nuevo Poder Judicial poblano, recién reformado y bajo la promesa de erradicar la corrupción. También a la Fiscalía General del Estado, que deberá demostrar independencia y rigor frente a nombres que pesan y fortunas que seducen.
Este litigio es una oportunidad histórica para que la justicia poblana rompa con el pasado de impunidad y restituya lo que fue arrebatado por la fuerza y el abuso.
No debería tratarse de favorecer apellidos, sino de hacer valer la ley y proteger el patrimonio de Tehuacán.
La ciudadanía observa. Los ojos están puestos en los jueces y los fiscales a cargo. Porque si el dinero y el poder vuelven a imponerse, no sólo perderán los Celis agraviados: perderá Puebla entera.
@FerMaldonadoMX
