Reprueban campaña de desprestigio contra reporteros que la increparon por su polémico video en el Congreso
En un comunicado emitido este viernes, la Red Puebla de Periodistas y la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), reprobaron el llamado a la violencia digital que ejecutará la diputada Nay Salvatori contra la prensa que la increpó por su polémica video en el Congreso de Puebla.
“Vemos con preocupación los comentarios estigmatizantes en contra de reporteras y reporteros que cubren el Congreso de Puebla por parte de la diputada local Nayeli Salvatori Bojalil, esto a través de un video subido a su cuenta de TikTok donde utiliza calificativos ofensivos contra nueve colegas y afirma, injustificadamente, que fueron enviados a increparla”.
Según la documentación recabada por la Red Puebla de Periodistas, el pasado 25 de marzo, un grupo de periodistas poblanos de diferentes medios de comunicación, entre ellos tres integrantes de la Red Puebla de Periodistas, entrevisto a Salvatori Bojalil respecto a un video que subió a sus redes sociales centrado en la vestimenta propia y de algunos de sus compañeros de bancada. En ese momento, la legisladora tuvo una actitud de poca tolerancia a los cuestionamientos hechos por las y los periodistas y se mostró incluso agresiva y confrontativa con colegas del gremio.
Finalmente, la diputada local se retiró sin responder a las preguntas realizadas y de forma literal dijo: "no te voy a contestar, porque claramente estás siendo tendencioso".
Posteriormente, Nayeli Salvatori subio otro video en la plataforma de TikTok donde hace calificaciones ofensivas contra las y los periodistas que participaron en la entrevista, señalando, sin fundamento alguno, que fueron enviados a "increparla, provocarla y atacarla".
Además, sus seguidores incitaron a violentar digitalmente al reportero que la cuestionó, sin que la legisladora frenara este tipo de agresiones en la comunidad que la sigue.
Ante esta situación, desde la Red Puebla de Periodistas reconocemos la ética intachable y el compromiso social de las integrantes de ese colectivo que participaron en la entrevista, Patricia Méndez, Berenice Martinez Guerrero y Paola Macuitl Gallardo, por eso, rechazamos cualquier tipo de agresión en contra de los colegas presentes en la entrevista y contra cualquier otro periodista.
Tanto la Red Puebla de Periodistas como CIMAC le recordamos a la legisladora que como representante del Poder Legislativo y servidora pública debe tener una mayor tolerancia a la crítica y escrutinio de su trabajo, conforme a jurisprudencias nacionales e internacionales referentes a la libertad de expresión.
Asimismo, que de acuerdo con el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, diputadas y diputados: "tienen la obligación de actuar bajo la estricta observancia de valores políticos y sociales como: justicia, legalidad, equidad, solidaridad, democracia, eficiencia, transparencia y con especial atención a la protección y promoción de los derechos fundamentales de la persona".
De igual forma, en los artículos 50, 51 y 53 de la citada ley se señala que legisladoras y legisladores: deberán "guardar el debido respeto y compostura en el interior del Palacio Legislativo"; "se conducirán con cortesia politica, respeto y tolerancia" y "'se abstendrán de afectar o lesionar la dignidad de otro legislador, funcionario o persona alguna".
Es por ello que pedimos a la presidenta de la Junta de Gobiemo y Coordinación Politica del Congreso del Estado de Puebla, Laura Artemisa Garcia Chávez que analice si la conducta de Nayeli Salvatori Bojalil es meritoria de alguna sanción disciplinaria, contenida en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Mientras que a la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, Olga Lucia Romero Garci-Crespo le solicitamos considere si la actitud de la legisladora incumple con el compromiso del partido respecto a las "obligaciones generales en materia de derechos humanos" y al compromiso de la verdad, donde como partido se rechazan "campañas de difamación y odio y todo intento de manipulación de la opinión pública mediante el uso indebido del poderio mediático de cualquier instancia pública o privada", contenidos en su declaración de principios.
