Entre ruidos y señales escribe Ricardo Martínez Martínez
El primero de septiembre la Corte mexicana se abre a un hecho histórico: un presidente electo por voto popular y de origen indígena, el oaxaqueños Hugo Aguilar Ortiz, asumirá la máxima magistratura judicial. Su sola presencia desafía siglos de distancia entre el derecho estatal y los pueblos originarios.
Pero más allá de la biografía, el reto real es conceptual: ¿puede la SCJN pensarse desde la comunalidad?
El jurista mixe Floriberto Díaz definió la comunalidad como la categoría central de los pueblos indígenas de Oaxaca. Territorio compartido, trabajo colectivo (tequio), fiesta como cohesión y asamblea como espacio de decisión. No es folclor ni costumbre, sino una epistemología que articula vida, derecho y política.
Pensar la Corte desde la comunalidad, como lo ha referido en múltiples entrevistas el futuro ministro presidente, es introducir una pregunta de fondo: ¿cómo se legitima la justicia cuando se reconoce que el “nosotros” está antes que el “yo”?
La comparación ayuda. Bolivia incorporó la jurisdicción indígena en su Constitución, estableciendo un pluralismo jurídico que convive con el tribunal ordinario. En Canadá, la Corte Suprema ha reconocido los derechos ancestrales de las First Nations, obligando a consultas previas en proyectos extractivos. En Colombia, la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de “derechos de la naturaleza”, resonando con cosmovisiones comunitarias. México, en cambio, mantiene la ficción de una justicia uniforme, aunque en los hechos convive con sistemas normativos indígenas en todo el territorio.
El arribo de Aguilar puede abrir la grieta. Una Corte itinerante que sesione en comunidades, que traduzca sus sentencias a lenguas originarias, que reconozca derechos colectivos más allá del individuo, daría pasos firmes hacia una justicia comunal. No se trata de sustituir la Constitución, sino de enriquecerla con categorías que la modernidad jurídica ha despreciado.
El valor de la comunalidad en este contexto implica claramente desafíos.
Internamente, da sentido a una presidencia breve: en dos años no se reformará la maquinaria, pero sí se puede sembrar un horizonte simbólico de justicia con raíz.
Externamente, posiciona a México como referente en la discusión global sobre pluralismo jurídico y derechos colectivos, tema que interesa a organismos internacionales y cortes hermanas.
Floriberto Díaz escribió que la comunalidad es la manera en que los pueblos “siguen existiendo pese a todo”. Convertirla en categoría judicial sería reconocer que la justicia no solo resuelve casos, sino que sostiene comunidades. El legado de esta presidencia podría ser, justamente, abrir la puerta de la toga al nosotros.
@ricardommz07
