Entre ruidos y señales escribe Ricardo Martínez Martínez
Mientras Claudia Sheinbaum afirmaba esta semana que “la soberanía no está en venta”, en respuesta a la propuesta del expresidente Trump de enviar tropas estadounidenses a México, desde Washington se activaban nuevas sanciones económicas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A la par, se anunciaban operativos de vigilancia con pruebas de ADN y visitas domiciliarias a menores migrantes.
Esto no es algo nuevo, Tom Wainwright, en Narconomics, un libro de hace unos cuantos años, lo planteó de la siguiente manera: los cárteles no son fuerzas caóticas sino empresas bien estructuradas. Tienen branding, cadenas de suministro, diversificación de portafolio (de drogas a aguacates) y gestión de riesgos.
Si esto es así, entonces la guerra tradicional contra el narco, centrada en tropas, helicópteros y operativos, está librándose en un terreno necesario, pero incompleto.
En ese marco, las sanciones impuestas por EE. UU. al CJNG buscan asfixiar sus finanzas. Pero, como una política fiscal mal diseñada, si no se acompaña de una estrategia binacional y sistémica, solo genera desplazamientos: el dinero cambia de manos, pero no desaparece. La pregunta no es solo cuánto dinero se les congela, sino quién toma el control de esos flujos tras la reconfiguración.
El rechazo de Sheinbaum al despliegue de tropas tiene sustancia y sentido histórico: aceptar tropas extranjeras sería abrir la caja de Pandora para futuras intervenciones, que en la memoria mexicana ya han sido realizadas. El verdadero problema, sin embargo, es que la soberanía se ejerce donde hay capacidad efectiva de gobernar.
Y como explica Hendrik Spruyt, en The Sovereign State and Its Competitors, el Estado moderno fue y es, solo una de muchas formas de autoridad. Hoy, en regiones de México, los cárteles cumplen funciones que históricamente pertenecían al Estado: imponen reglas, arbitran conflictos, y cobran “impuestos”, nos guste o no.
En este marco, la disputa no es entre México y Estados Unidos, sino entre formas de gobierno: Estado formal vs. Estado funcional. Y eso implica que la soberanía no es una bandera, sino una práctica que se gana o se pierde todos los días, en la calle, en la aduana, en el juzgado y en el territorio.
En lugar de negar o fingir que el Estado tiene control donde no lo tiene, México podría proponer zonas de control compartido interinstitucional, donde se prioricen tres elementos:
- Trazabilidad de los flujos económicos locales (incluidos los informales);
- Presencia física y digital del Estado (escuelas, bancos, justicia móvil), y
- Corredores seguros para comercio legal que reduzcan el margen de acción del narco como proveedor de estabilidad. No se trata de ceder soberanía, sino de construirla desde la práctica cotidiana.
De manera definitiva, en materia de seguridad la cooperación entre México y Estados Unidos no puede basarse solo en la DEA y el Pentágono. Se necesita un sistema binacional de trazabilidad financiera descentralizada, con participación de bancos locales, fintechs, y gobiernos municipales. El objetivo: seguir el dinero desde la tiendita hasta los paraísos fiscales, ya que el 90% del narcotráfico opera por rutas legales de comercio y servicios. Lo que no se puede rastrear, no se puede gobernar.
México no puede encerrarse tras la retórica de la soberanía, ni permitir que otros le dicten desde fuera su ruta.
Es necesario construir una soberanía interdependiente, donde se gobierna desde la colaboración, pero con autonomía estratégica ¿O es que acaso olvidamos que México es una federación? ¿Hasta dónde llega el papel de cada nivel de gobierno? Y aún más, qué incentivos hay para la tan necesaria coordinación.
Hoy, como en el ajedrez, no gana quien más piezas tenga, sino quien sabe qué sacrificar para no perder la reina, es decir, nuestra soberanía, paz y tranquilidad de desarrollar una vida plena sin peligro o coacción de los poderes fácticos.
@ricardommz07
