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Palabras clave: machismo, justicia, jueces, violencia, abuso sexual, impunidad.

En una de las más recientes decisiones judiciales con tufo de contubernio machista, el abusador sexual Alberto “N”, que se hiciera tristemente célebre debido al video en donde se ve que intenta atacar sexualmente a una mujer y donde vecinos de la zona se lo impiden -acontecimiento que se dio en julio pasado-, fue sentenciado a 1 año, cuatro meses y 5 días de prisión. La sentencia resulta ridícula cuando nos damos cuenta de que el sujeto tenía antecedentes penales pues ya fue sentenciado en 2007 por abuso sexual. Axel, uno de los vecinos responsables de impedir la violación y testigo fundamental en contra del agresor, se lamenta por la sentencia pues teme que este sujeto salga pronto e intente vengarse. Axel, según se registra en una nota publicada en el portal de Proceso,  “acusa una serie de irregularidades, pues la sentencia que estaba programada para el viernes 29 de noviembre se adelantó al 21 de noviembre y no se notificó a la víctima, por lo que no estuvo presente”. Lo anterior no sólo es una irregularidad, sino que genera sospechas de que existió corrupción detrás de la sentencia. Puede ser, la verdad es que nuestro sistema judicial no se caracteriza por ser transparente y la justicia tampoco es pronta ni expedita. Pero añado otro elemento a este tipo de casos: el contubernio de jueces, fiscales y abogados con los victimarios, pues todo el sistema es esencialmente machista.

Quien quiera que preste atención a las noticias, se dará cuenta de que semejantes atropellos son más la constante que la excepción. Para muestra, un par de linduras. A principios de año, un juez del Estado de México declaró inocente a un criminal que había abusado sexualmente de una niña de cuatro años -su sobrina-, argumentando que la niña no sabía ni la hora ni la dirección del lugar donde había ocurrido el abuso. ¿Puede creerse semejante explicación? El caso se hizo famoso pues la madre de la víctima compartió en redes el video donde el juez argumenta su decisión, lo que provocó la indignación pública. Por fortuna, el caso fue revisado por el poder judicial del estado y, según reporta La Jornada el pasado 13 de mayo, “Magistradas del Segundo Tribunal de Alzada revocaron la sentencia emitida por el Juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, el cual el 15 de febrero absolvió de cualquier culpa a Alejandro "N', señalado como probable agresor sexual de una niña de 4 años de edad; y dictaminan que el señalado debe ser sujeto de condena. (…) Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Poder Judicial del Estado de México, en entrevista colectiva, efectuada en el 17 de abril, dio a conocer que el ‘Juez Martínez Vitela está sujeto a un procedimiento de responsabilidad ante la Contraloría Interna, por los actos que pudo haber cometido, sobre todo posterior a la explicación de la sentencia’”. Nuevamente pregunto: ¿hay corrupción detrás de la decisión del juez? Lo más probable es que sí; sin embargo, lo que de verdad nos queda claro, es que existe machismo detrás de semejante argumentación. ¿Quién puede exigir que una niña de apenas 6 años (el abuso se dio en 2022) tenga la cabeza para recordar direcciones y horas? Además, es evidente que se trata de una cuestión traumática para la niña, lo que indudablemente complica la situación. Lo dicho, el juez es machista, no cabe duda.

Otro ejemplo claro es lo relacionado con la denominada “violencia vicaria” que, según un reportaje publicado en el Portal de UNAM Global, “’significa violentar a través de una persona, en este caso hijas, hijos e hijes, para dañar a la madre…” Para comodidad de todo el sistema judicial, tal violencia no está tipificada en todas las legislaciones del país, o apenas se encuentra mencionada en ciertos códigos, por lo que se dificulta enormemente su aplicación. Es opinión de Núñez, en entrevista para la misma publicación, de que la “violencia vicaria no ha llegado a las leyes y códigos penales de todos los estados por falta de voluntad política y aunque la investigadora no crea que las sanciones penales sean el instrumento más efectivo para combatir estas violencias, considera que ‘todavía muchos hombres se resisten a sancionar este tipo de actos. Primero porque los naturalizan, no los ven como graves sino como algo normal y no quieren dar el paso, porque hay miedo a que, entre más tipos penales, en algún momento les pueda tocar a ellos, porque es una violencia que perpetran los hombres, no las mujeres’”. Se argumenta que son problemas “familiares” entre las y los sujetos, por lo que no es tema en el que deba intervenir la justicia. Por supuesto, los casos se multiplican por todos los juzgados y hay numerosas mujeres que sufren este tipo de violencia sin que el sistema haga nada a su favor. Tal normalización no responde más que una estrategia de conservación por parte del sistema patriarcal y machista. Todo esto nos hace ver lo necesaria que es esa reforma al poder judicial, indudablemente; pero si esa reforma no incluye estrategias para garantizar que jueces y juezas, que las y los fiscales y que las y los abogados actúen con perspectiva de género, este tipo de injusticias se irán repitiendo inexorablemente.